REVISTA PESCA

La Revista Pesca es un medio de información alternativo que presenta artículos, opiniones y noticias referidas a la pesca en el Perú y el mundo, con énfasis en la política pesquera, la conservación del ambiente y la seguridad alimentaria.
En 2017 cumplimos 57 años de publicación contínua en el Perú.

Las ediciones a partir del 2010 se publican en formato digital (PDF) en la siguiente página web: http://www.issuu.com/revistapesca/docs

Correo electrónico: revistapesca@outlook.com

jueves, 27 de julio de 2017

NUEVO PLAN ESTRATEGICO PARA EL SECTOR PRODUCCION

El 27 de de Julio de 2017, se publicó la Resolución Ministerial N° 354-2017-PRODUCE que dispone:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017 – 2021 del Sector Producción, que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial Nº 435- 2015-PRODUCE, que aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016 - 2021 del Sector Producción.
Artículo 3.- Disponer que el Ministerio de la Producción y sus organismos públicos adscritos efectúen la elaboración y/o adecuación de sus respectivos Planes Estratégicos Institucionales y Planes Operativos Institucionales al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017 – 2021 del Sector Producción, aprobado por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial.

Medida que era necesaria  y que la Revista Pesca comentó en varias editoriales y notas durante los últimos meses.

Es de esperar que sea lo que el sector pesquero necesita, pero al día de hoy 27, solo se ha publicado la Resolución mencionada, mas no así  el PESEM que es un anexo. Como quiera que los días que vienen son feriados, no se podrá analizar el documento hasta la semana entrante, el lunes 31.

Hay que notar sin embargo, que aunque el nuevo documento sea apropiado, no es lo mejor para el sector cambiar de planes muy frecuentemente porque genera inestabilidad e incertidumbre.

El PESEM anterior fue inadecuado para el sector y aprobado casi a la salida del gobierno anterior, o sea relativamente hace poco. Estuvo alineado con el Plan Nacional de Diversificación Productiva, que al tenor de lo declarado hace poco por el Ministro de la Producción, “la diversificación productiva se ha convertido en un mantra, no en una realidad”.

Esto evidencia la inexistencia de políticas de largo plazo, lo que a su vez genera la ausencia de una visión de largo plazo con objetivos estratégicos e indicadores claros y que no sean cambiantes con cada nueva administración. No sabemos hacia donde se dirige la pesquería peruana en los próximos diez o quince años.

Lo curioso es que el 19 de julio de 2017, o sea 8 días antes de publicar el nuevo PESEM, la RM 338-2017-PRODUCE, aprueba la reformulación del POI (Plan Operativo Institucional) 2017.

Si el POI se elabora en base al PESEM, ¿tendrá que modificarse nuevamente el POI a pocos días de haberse reformulado? ¿O ha sido hecho conociendo el nuevo PESEM pese a que aún no había sido aprobado?

La pesquería peruana necesita de una visión de largo plazo, con políticas claras que le permitan a los agentes productivos diseñar sus planes con tranquilidad y confianza, para poder aportar al desarrollo sectorial sin sobresaltos cada vez que cambia la administración.

Marcos Kisner Bueno

Presidente de la Revista Pesca

lunes, 10 de julio de 2017

¿A dónde va la pesca en el Perú?

La pesquería está conceptuada como factor de crecimiento del PBI vía exportación, negándonos a aceptar que primero debe ser fuente de alimentación nacional. Se requiere privilegiar la alimentación de la población nacional por encima de todo. Se necesita colocar el interés nacional por encima de los intereses de parte. Lo que no significa que exportar sea malo o indebido, sino que el mercado nacional merece igualdad de condiciones, ya que a la fecha está en desventaja con el mercado externo que, en el caso de los productos de consumo humano directo, recibe subsidios e incentivos mientras que el peruano no tiene ningún estímulo.
Existe preocupación por los problemas asociados a la sostenibilidad, al incremento de las capturas en relación a las capacidades de renovación y sostenimiento de los recursos, al impacto sobre el ecosistema, a la alimentación nacional y a los costos medioambientales vinculados con una explotación que puede volverse más intensiva.

Ello requiere de una adecuada preservación de los recursos pesqueros, del ecosistema  y del ambiente, de tal forma que se garanticen alimentos para toda la población del país en forma prioritaria. De allí la necesidad de establecer, por parte del Estado, la  regulación y más aún, su participación concreta como actor económico en un área en la que se trabaja con activos cuya propiedad es de todos los ciudadanos del país.
El índice de desnutrición de nuestro país nos obliga a utilizar los recursos hidrobiológicos para que nos proporcionen alimentos. Estos recursos, además de representar un insumo importante para la alimentación, que reduzca la desnutrición y la anemia infantil, constituyen una reserva estratégica que en el mediano plazo pueden colocar al Perú en una posición ventajosa en términos de abastecedor mundial de alimentos.
Se ha aceptado como definición de desarrollo sostenible aquel progreso que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Por tanto, tiene que haber límites al crecimiento debido al agotamiento de recursos hidrobiológicos, lo que se evidencia en especial en los capturados por la pesca artesanal, que cada vez tiene mayores dificultades en encontrar cardúmenes que antes se hallaban más fácilmente a su alcance y que cada vez se aprecian en menores tallas y volúmenes. 

En la actividad extractiva, medio en el cual nadie puede controlar efectivamente el cumplimiento de las normas, la mejor garantía de su cumplimiento es que los actores del sector asuman conciencia de que detrás de la regulación hay una necesidad. En consecuencia, la educación y el cambio o introducción de un modelo educativo para el sector se torna cada vez más un imperativo y una urgencia.
La educación para el sector pesquero debe ir más allá del mero entrenamiento técnico para los pescadores y tripulaciones. Debe ampliar su radio de acción a todos los trabajadores de la industria pesquera en tierra, a todas las comunidades de pescadores marítimos y continentales y difundir información a las poblaciones costeras y aledañas a ríos y lagos. Debe trascender lo tradicional y educar en temas de protección al ambiente y a las poblaciones ícticas, debe incursionar en temas que tengan por objeto crear conciencia sobre la necesidad y responsabilidad compartida de proteger los ecosistemas y el futuro de los peces como elemento clave para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, base de un educación imprescindible para alcanzar un alto nivel de desarrollo. Debe estimular la creación de micro empresas formales que abastezcan al mercado nacional.
Si aspiramos a la soberanía y seguridad alimentarias se necesita una pesquería que produzca, en primer lugar, alimentos variados, sanos y accesibles para la población peruana y, en segundo lugar, para las oportunidades del mercado exterior.

La defensa del bien común impone el diseño de políticas públicas que protejan los recursos pesqueros para las generaciones futuras y que le den a la sociedad una adecuada participación. El marco normativo debe imponer reglas y normas regulatorias que hagan posible el usufructo racional de los recursos, no sólo en términos de su agotamiento y contaminación, sino de una participación justa de la renta que generan los recursos en toda la cadena de producción para beneficio del país en investigación, control y proyectos sociales alimentarios.

La protección de nuestros recursos solo pueden materializarse a partir de la existencia de un poder político que establezca planes de largo plazo y optimice el funcionamiento del aparato estatal.

Las decisiones políticas, en un sistema democrático, se sustentan en el derecho que concede el pueblo con su voto, a las autoridades elegidas para administrar el país. El poder político real de todo Estado, es la resultante de la aplicación de políticas de Estado que son ejecutadas por la administración de turno.

Existen iniciativas privadas para el desarrollo pesquero, pero que no dejan de ser aisladas y con objetivos empresariales, como corresponde. Es la naturaleza legítima de la empresa privada.

Lo que no se ve es un diseño del Estado para la actividad pesquera que marque los objetivos estratégicos para el futuro de la pesquería en el Perú, visualizando no solamente la sostenibilidad de los recursos, sino el bienestar de las mayorías nacionales. No existe, en forma visible por lo menos, una definición de la visión de la pesquería en el largo plazo. Más allá de lo que manda la Ley General de Pesca, ya obsoleta por cierto, no hay nada de planeamiento a futuro. Si analizamos el Plan Estratégico Sectorial Multianual vigente, podremos comprender mejor como a la pesca y acuicultura no se les da el tratamiento que corresponde.

Más allá de las acciones de gestión propiamente dicha, de los fundamentos en los cuales debiera basarse y de la situación económica que impone acciones puntuales marcadas por la coyuntura del momento, ¿Hacia donde se dirige la pesquería peruana? ¿Cuál es la agenda del gobierno? ¿Cada administración impondrá su propia agenda a falta de una Política de Estado? ¿Es eso lo mejor para el Perú? ¿Qué es lo que queremos para nuestra pesca en el futuro?
No existen objetivos estratégicos a alcanzar, ni políticas para lograrlo, como tampoco indicadores para evaluarlos en el corto, mediano y largo plazo.


Marcos Kisner Bueno
Presidente de la Revista Pesca

viernes, 30 de junio de 2017

Editorial Revista Pesca julio 2017

La pesquería peruana carece de una Política de Estado de largo plazo. De existir, se evitaría que se generen situaciones, como por ejemplo, la que crea el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP), el cual  no existía en el Plan de Gobierno, sino que fue promovido por un Ministro a mitad del mandato.

Los dos ministros de la Producción del gobierno actual, que sucedió al de la diversificación productiva, han declarado públicamente que no le conceden el mismo nivel de importancia que le brindó su creador. Por las razones que fuese, el hecho es que se perdió tiempo y dinero.  Más allá de si los planes son buenos o malos, convenientes o no, el punto es que son acciones aisladas. Se infiere que no se puede saber qué novedades se podría introducir en el corto o mediano plazo, porque no existe una gran agenda nacional de largo plazo.

El Plan de Gobierno del actual régimen no hace mención expresa a la pesquería. Solo existe como “política de gobierno” oficial, el Plan Estratégico Sectorial Multianual que formuló el gobierno anterior y que se hizo en un nuevo formato para alinearlo al Plan Nacional de Diversificación Productiva.  Técnicamente hablando, el actual Gobierno no tiene agenda ni política oficial para el sector pesquero ni ha reformulado el PESEM que heredó.

Lo negativamente novedoso de este PESEM, en relación a la pesca, es que solo se concentra en aumentar la productividad de la cosecha acuícola y en el aumento del PBI de pesca y acuicultura. No hay ninguna otra mención a la problemática y necesidades de la pesca, sobre todo en relación a aspectos de inclusión, de seguridad alimentaria y de muchos otros temas que deberían constituir objetivos estratégicos. Para sus autores, la actividad pesquera y acuícola solo es importante desde la perspectiva de su aporte al producto Bruto Interno ignorando toda su compleja problemática. Este documento es de un formato totalmente diferente al anterior y evidencia la ausencia de criterios de largo plazo y que pretendió tan solo alinear formalmente la actividad del Ministerio de la producción al PNDP, que fue el principal objetivo del gobierno anterior.

El asunto es que al haber perdido protagonismo la diversificación productiva, al tenor de las declaraciones de los dos ministros de la Producción de este gobierno, el PESEM debe ser reevaluado porque el PESEM es, o debería ser, la brújula que marca el rumbo del sector por cinco años. De allí derivan los Planes Estratégicos y Operativos del sector y sus presupuestos.

La nueva administración debiera evaluar el Plan Estratégico Sectorial Multianual del sector Producción para determinar si lo continuará o no y de ser el caso formular uno nuevo.

El problema con el PESEM actual es, que salvo por dos menciones que no abarcan mayores objetivos de inclusión y seguridad alimentaria, la pesca ha sido prácticamente relegada de la planificación estratégica.

La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Difunde información obtenida de muchas fuentes, ideas y opiniones que tienen por objeto exponer: la necesidad de hacer sostenible la extracción de los recursos marinos; la urgencia de actuar en beneficio de la seguridad alimentaria nacional; y el cuidado del ambiente.

Los invito cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a JULIO 2017 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.
En formato revista en el siguiente link:

jueves, 22 de junio de 2017

LA GESTION DE LA PESCA EN PERU

La gestión comprende el marco jurídico e institucional que debe garantizar que la pesca desempeñe la función que el Estado considera adecuada y que satisfaga las necesidades de las mayorías. La gestión debe establecer también las normas que garanticen eficiencia dentro del sector, inocuidad de sus productos, un acceso equitativo a los recursos, protección del ambiente y provisión de proteína de origen hidrobiológico al consumir peruano. La obligación de la autoridad es velar por la preservación del ecosistema, la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y el bienestar de las mayorías nacionales. 

La asignación de determinados derechos de acceso, de límites máximos de captura o de cuotas individuales de pesca no necesariamente resuelve toda la problemática pesquera. Aborda parte de la actividad extractiva. Es un paso, mas no lo es todo.

La administración de la actividad pesquera debe conciliar los intereses de muchas partes.  Supone también reconocer que la eficiencia y la aplicabilidad de las medidas de ordenación dependen en gran medida del apoyo conseguido entre las partes interesadas. Porque la intervención de la autoridad sobre la actividad pesquera, generalmente crea resistencia por parte de los administrados, en especial cuando consideran que se les perjudica. Esta resistencia puede tomar como argumento central la defensa del derecho de propiedad; pero en el supuesto mal entendido de que los recursos pesqueros pueden ser concedidos por el Estado a un tercero en calidad de propiedad. Las cuotas individuales de pesca no constituyen la asignación de un derecho de propiedad.

Las diferencias que pudiesen presentarse entre los administrados y la autoridad de pesquería en relación al volumen de extracción de una pesquería, deben ser resueltas  por el organismo científico en forma técnica y no politizada.

La pesca tiene que estar sujeta a regulación por parte del gobierno con el objeto de impedir la sobreexplotación de los recursos pesqueros, porque se puede generar una sobrepesca. Al no existir derechos de propiedad sobre los peces, los pescadores tratarán de pescar lo máximo posible, ya que lo que ellos no pescan será pescado por un competidor, sin preocuparse de la sostenibilidad del recurso. Ello puede conducir a que el recurso se agote ya que se podría pescar más allá del límite biológico necesario para mantener el recurso disponible en el futuro, generándose un costo social si las futuras generaciones del país podrían no tener acceso a algunas pesquerías debido a su agotamiento. La existencia de ese riesgo justifica la regulación estatal para impedir la sobreexplotación. Pero ni la regulación ni un sistema de cuotas actúan sobre el mercado ni las necesidades alimentarias de la población, hasta ahora.

Artículo 66º de la Constitución Política. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
Artículo 73º de la Constitución Política. Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico.

En base a dicho marco constitucional, la Ley 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales,  fija la extensión del dominio del Estado y, el modo de acceso:

 Artículo 4.- Los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean éstos renovables o no renovables, son Patrimonio de la Nación. Los frutos y productos de los recursos naturales, obtenidos en la forma establecida en la presente Ley, son del dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos.
Artículo 19.- Los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso natural. En cualquiera de los casos, el Estado conserva el dominio sobre estos, así como sobre los frutos y productos en tanto ellos no hayan sido concedidos por algún titulo a los particulares.
Artículo 21.- La Ley especial dictada para el aprovechamiento sostenible de cada recurso natural precisa las condiciones, términos, criterios y plazos para el otorgamiento de los derechos, incluyendo los mecanismos de retribución económica al Estado por su otorgamiento, el mantenimiento del derecho de vigencia, las condiciones para su inscripción en el registro correspondiente, así como su posibilidad de cesión entre particulares.
Artículo 23.- La concesión, aprobada por las leyes especiales, otorga al concesionario el derecho para el aprovechamiento sostenible del recurso natural concedido, en las condiciones y con las limitaciones que establezca el título respectivo

Es imposible disimular el hecho que los desembarques de las especies más populares destinadas al consumo humano nacional, objetivo principal de los pescadores artesanales, están en niveles bajísimos debido a la reducción de las respectivas biomasas. Sin embargo esto último es una deducción de lo que se observa, puesto que se desconoce la existencia de informes científicos que muestren el estado de salud de esas poblaciones de peces.

Las especies como la cojinova, corvina, lenguado, congrio, mero, chita, etc. escasean, aumenta el costo de la faena, sube el precio al consumidor y consecuentemente baja o desaparece la rentabilidad del esfuerzo pesquero (y la del pescador).

Tampoco se puede ocultar que el número de personas que pescan ha aumentado y que éstas están cada vez mejor equipadas a nivel de flota y de aparejos tecnificados. A ello se le define como aumento o crecimiento del esfuerzo pesquero.

Sucede que la biomasa de las diversas especies objetivo siguen el camino inverso, éstas se reducen y por tanto son insuficientes para satisfacer las expectativas y necesidades de todos los partícipes de la pesquería. Pescar debe ser considerado un privilegio. El privilegio de unos pocos que se obliguen a sacar la cantidad justa que garantice la sostenibilidad de las especies al menor costo, en beneficio de la alimentación nacional.  El recurso pesquero no aumenta en función de la demanda. Las normas deben volverse regulatorias, limitativas y exclusivistas. (Aún cuando aquello parezca impopular). 

LA PROBLEMATICA

Es válido otorgar permisos de extracción de recursos pesqueros a empresas privadas, industriales o artesanales, que tendrán el privilegio de ser los únicos con derecho a extraerlos, lo que si bien es cierto les permitirá lucrar y generar utilidades, también es justo que deberán compartir la bonanza del negocio con todos los peruanos, ya estos últimos son los dueños de dichos recursos.

Para alcanzar esta justa participación, considerando que el impuesto a la renta de tercera categoría no es suficiente para garantizar esta participación, es prudente evaluar un nuevo procedimiento de pago sobre la extracción pesquera, de tal forma que el sector pesquero pague un precio justo por la utilización con fines de lucro de un recurso natural.

La tributación de renta de tercera categoría no es la mejor forma de hacer partícipe a la Nación por cuanto se aplica sobre las utilidades, cuando el impacto que genera la extracción sobre el ecosistema marino es de naturaleza independiente de los niveles de eficiencia empresarial que conducen a un resultado financiero que puede ser más o menos aceptable; pero que  no genera una participación adecuada para el Estado.

La política pesquera debe disponer, en forma equilibrada, de objetivos biológicos, económicos y sociales.

El Estado  puede asignar un derecho de acceso a una persona, empresa, o a una embarcación. Normalmente, la asignación de derechos de acceso a personas o empresas, si se asocia con la transferibilidad, redunda en una mayor eficiencia económica. Por ello se han asignado cuotas individuales de pesca para algunos recursos hidrobiológicos. En otros casos, los mismos son de libre acceso.

Cuando se dispone de información científica sobre la población objetivo de extracción, cabe estimar el volumen adecuado de las capturas para conseguir sostenibilidad. Por lo general, el control de las capturas supone establecer la captura total permisible, que se distribuye en cuotas individuales entre los administrados. El efecto de una pesquería sobre otras debe ser tenido en cuenta en la determinación de la cuota global, dentro de un enfoque ecosistémico.

El control de la extracción mediante el establecimiento de una cuota anual o la limitación del esfuerzo total a través de vedas, permite proteger los recursos; pero no contempla la necesidad alimentaria del país. El acceso libre tampoco contempla la necesidad alimentaria del país.

La Constitución Política del Perú en el caso de los recursos naturales, que incluye a los pesqueros, implica la imposibilidad jurídica de que se adquiera algún tipo de propiedad sobre los mismos.

El derecho a pescar se adquiere mediante norma expresa dictada para el efecto en  las condiciones, términos, criterios y plazos que se estipulen. Es el deber del Estado garantizar el acceso a dichos recursos en condiciones equitativas, no discriminatorias y que aseguren la conservación a largo plazo de los mismos.

Es necesario organizar los asuntos pesqueros a través de una Política de Estado, no sólo con la equidad social como criterio fundamental, sino también con la atención puesta en la necesidad de hacer la pesca sostenible e inclusiva para la población peruana que debe ser priorizada en cuanto a sus necesidades alimentarias. Esto requiere un equilibrio entre las consideraciones biológicas, económicas y sociales a través de procesos políticos y normativos que incluyan el establecimiento de condiciones de competitividad equilibradas y justas entre el mercado externo y el mercado nacional.

La Autoridad de Pesquería no es competente para normar en cuanto a exoneraciones o incentivos tributarios o en materia de mercado; pero puede y debería articular con las entidades apropiadas la evaluación de la competencia desleal que significa para el mercado peruano la existencia de privilegios a la exportación, con el objeto de buscar fórmulas y normas que pongan a ambos mercados en igualdad de condiciones, en especial para resolver urgencias de seguridad alimentaria.

Hasta ahora, el mercado externo dispone de privilegios y subsidios que no se conceden al mercado peruano, haciéndolo menos atractivo para el empresario e incumpliendo un deber del Estado como es la atención a las mayorías nacionales, en especial a los sectores más necesitados de proteína y que acusan un alto índice de desnutrición y anemia.

El inconsciente colectivo atribuye a los recursos marinos, no solo el carácter de renovable, sino además, la cualidad de inagotable. Ha elegido aceptar el mito, en obstinada ignorancia de los hechos, creyendo que los recursos pesqueros son infinitos e inagotables y forzando la extracción hacia límites impredecibles en sus consecuencias.

La forma más racional de proteger nuestros recursos pesqueros es adoptando un enfoque precautorio y no incurrir en incentivar mayor consumo, porque que a su vez presiona sobre mayores capturas. Los peces son recursos naturales renovables, solo si se les deja reproducirse adecuadamente cuidando de no reducir sus poblaciones. Esto requiere de regulación basada en información científica.

En tanto no haya información que permita regular la captura de estos recursos, asignándoles no solamente una cuota anual de extracción, sino estableciendo sistemas de control eficaces, no parece que haya otra acción más sensata posible.



Elaborado por:
Marcos Kisner Bueno
Presidente de la Revista Pesca




lunes, 19 de junio de 2017

EL FUNDAMENTO DE LA GESTION PESQUERA EN PERU (2)

El actual modelo, sesgado hacia el mercado y la exportación, presume que las pesquerías solamente son sistemas económicos con todo lo que ello implica en una economía liberal. Minimiza la importancia que la proteína de origen hidrobiológico tiene para el mercado peruano y su contribución a la alimentación nacional.
En diciembre de 2016, la Jefa de Políticas de Programas del Programa Mundial de Alimentos puso de relieve la importancia de formar alianzas con el sector privado para combatir el hambre en el país y vincular la labor social de las empresas con los objetivos y estrategias del Estado. Expresó que es importante cómo el Gobierno ha colocado el enfoque de la lucha contra la anemia y desnutrición crónica infantil en el centro de su agenda, como una prioridad y que es trascendente que lo mantenga así en los próximos cinco años.
En dicho contexto es necesaria mayor presencia de la pesquería peruana en la lucha contra la anemia y la desnutrición. En el escenario actual las fuerzas del mercado no están atendiendo a las necesidades de proteína de una parte importante de la población, por la razón que fuese. Dado que el Estado no puede cumplir su rol subsidiario sin una ley, lo cual resulta complicado en términos prácticos, se impone evaluar mecanismos de intervención que permitan el acceso de esos sectores poblacionales al consumo de productos hidrobiológicos.
Denomino un nuevo modelo de gestión, al marco formado por una doctrina pesquera nacional, en la cual el Estado interviene como regulador y representante de los legítimos propietarios de los recursos naturales que legisle, norme y regule en beneficio del bien común, de las mayorías nacionales.
Debe situarse como objetivo prioritario, la obtención de una producción estable, con el mínimo impacto sobre el medio marino y que tiene como público objetivo principal al ciudadano peruano, en especial al más necesitado de proteína en su dieta.
No se puede subordinar tácita o explícitamente el interés público al interés privado. El concepto de Nación y de Estado implica la subordinación de los intereses privados al interés nacional, dentro de un marco legal constituido.
La función pública es servir a la sociedad peruana, la cual es propietaria de los recursos hidrobiológicos y no a intereses de parte ni extranjeros. Los recursos pesqueros no pueden ni deben estar expuestos, no solo al agotamiento, sino tampoco a una indebida utilización cuando alimentan a otros países, sin atender primero la alimentación nacional. Alimentar al Perú primero y después al mundo, debe ser la orientación de una doctrina pesquera nacional
La ciudadanía, con su indiferencia y desinterés por los temas del mar y de la pesca, se convierte en cómplice silenciosa del agotamiento de los recursos pesqueros, de la contaminación que la industria genera, de una inequitativa participación en la renta que generan sus recursos pesqueros, así como de su escasez en los mercados populares y sus altos precios.
La actividad pesquera no debe causar pérdidas a la sociedad (contaminación, destrucción de ecosistemas, pérdida de recursos) y debe generar ingresos para la administración, que cede la explotación de un recurso público a un sector de la sociedad, a cambio de un pago justo que permita a los ciudadanos participar en la renta de esta actividad.
La lógica del industrial y del empresario es hacer dinero, lo que es correcto y lícito. La lógica del Estado debe ser participar en la renta del negocio para redistribuirla entre los dueños del recurso, que es la materia prima del mismo.
¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuantas carreteras, cuantos desembarcaderos, han surgido gracias a la contribución de la industria pesquera? ¿En cuánto ha contribuido a mejorar la alimentación de los sectores más vulnerables?
Probablemente algo haya surgido si revisamos las inversiones provenientes del canon pesquero, pero ¿en la proporción justa?
Hoy se ve menos pescado que antes en los mercados y cuesta tanto o más que el pollo, con algunas excepciones estacionales. 
La conversión de naturaleza en dinero, ha significado que el sector pesquero encare riesgos y problemas como la sobreexplotación, la sobrecapitalización, la pesca ilegal y la discriminación de mercados que establece incentivos a la exportación y no a la venta interna desde la óptica del ciudadano peruano perjudicado, relegado y subestimado.
La frase “calidad de exportación” debiera ser reemplazada por “calidad Perú”, en clara muestra de que el ciudadano de este país no es menos que el del exterior. Con ambos mercados en igualdad de condiciones, la libre decisión del empresario para atender a uno u otro será éticamente correcta y juzgada en perspectiva por los consumidores.
La atención de las poblaciones que pese a ello no fuesen atendidas por la empresa privada, deberán ser consideradas a través de programas sociales, en función de la focalización y priorización que debe hacerse. Lo que no significa crear empresas públicas, sino atender una demanda social.
Todos estos problemas hacen imperativo ordenar la pesquería, pero no a costa del Estado ni de los ciudadanos. Respetando lo que dice la Constitución Política, que no es discrecional o sujeta a consideraciones o intereses de coyuntura. Es un mandato que no admite ser refutado, salvo que se le cambie por otra carta magna.
He descrito la situación ideal, la que debería ser.
Hasta ahora, pareciera que el futuro de la pesca en el Perú será decidido en los próximos años por la política y la necesidad económica, no por la conveniencia científica ni la necesidad alimentaria de la población nacional.

Marcos Kisner Bueno

jueves, 15 de junio de 2017

EL FUNDAMENTO DE LA GESTION PESQUERA EN PERU (1)

La administración y regulación de las pesquerías es una atribución del Gobierno, sea nacional o regional en función de sus competencias. No es una tarea sencilla. El sector pesquero es complicado, tiene muchas variables y se confrontan muchos intereses así como necesidades particulares, locales y nacionales. Implica muchas disciplinas, no solo la ingeniería pesquera sino también la biología, sociología y economía, entre otras.
Lo que todos los ciudadanos deben conocer es que, antes de entrar en la temática de administración y regulación propiamente dichas, se debe tener muy claro el marco legal macro. El mandato de la Constitución Política es inviolable y debe considerarse antes de promover o promulgar leyes, decretos, resoluciones u ordenanzas. El espíritu de esta norma debe ser estrictamente respetado por cuanto constituye la máxima ley, la ley fundamental y la de mayor jerarquía.  En ella se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, la estructura y organización del Estado y bajo sus lineamientos se aprueban las demás normas que rigen la vida del país.  El cumplimiento de las normas que se encuentran dentro de la Constitución Política es lo que hace posible que una Nación pueda vivir con bienestar y paz, por ello la importancia de que estas normas sean cumplidas por todos: gobernantes y gobernados.
Para efectos de la administración pesquera, particularmente debe tenerse en cuenta los siguientes artículos:
Artículo 39°.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación.
Artículo 51°.-  La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así  sucesivamente
Artículo 54°.-  El territorio del Estado es inalienable e inviolable.  Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.
Artículo 58°.- La iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de mercado.
Artículo 60°.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.
Artículo 66°.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación.  El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La  concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
Artículo 67°.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.  
La normatividad que rige el sistema de administración, regulación y control de la pesca en el país tiene que tener en cuenta, por mandato constitucional, que los recursos pesqueros le pertenecen a toda la Nación y no a un grupo de ciudadanos o empresas por el solo hecho de desarrollar actividad en el sector. El Estado los entrega en concesión, de acuerdo a la normatividad vigente. El usufructo de los mismos se hace bajo condiciones que establece la regulación que se aplique a cada especie, la cual debe encontrar el justo equilibrio entre las necesidades del país y las del sector privado. Esto no es discrecional, es imperativo. La Constitución nos da los recursos naturales  como patrimonio a todos los peruanos. En consecuencia, merecemos participar de la rentabilidad y beneficios que genere su explotación. Es nuestro derecho.
Nadie puede exigir, pedir, solicitar ni reclamar la absoluta libertad de manejo de estos recursos. El Estado está obligado a fijar los parámetros que marquen la forma en la cual serán beneficiados “todos los ciudadanos” a través de la actividad de extracción y procesamiento. Más allá  de su uso sostenible, está el factor del beneficio que genera la actividad pesquera, el cual tiene que alcanzar a todos. Por eso y para ello, el funcionario público está al servicio de la Nación y no solamente del administrado del sector.
Los pescadores artesanales, los empresarios y los trabajadores de la industria no son los propietarios de los recursos pesqueros, sino la Nación. Es obligación del Estado regular las condiciones de las concesiones que otorga, priorizando el interés nacional y no los intereses de parte. El bien común de las mayorías peruanas necesitadas de proteína que puede provenir de la pesca, se antepone a las necesidades e intereses de los administrados.
La libertad de comercio y de mercado empieza después de haber cumplido con satisfacer las necesidades y derechos de la Nación, o sea de todos los ciudadanos. El liberalismo económico, constitucionalmente hablando, no entrega en propiedad los recursos pesqueros a quienes obtienen concesiones para su explotación.
Aparentemente la inadecuada comprensión del mandato constitucional ha generado la errónea  percepción de que existen propietarios de los recursos pesqueros, o que unos tienen más derechos que otros a su explotación. La verdad es que no es así. El único propietario es la Nación, o sea todos los ciudadanos peruanos.
El Estado establece las reglas para su manejo y debe hacerlo ajustándose al mandato constitucional en la forma más eficiente y eficaz posible.

Marcos Kisner Bueno

sábado, 10 de junio de 2017

El mercado peruano de alimentos

Es oportuno que la nueva administración de pesquería enfrente con prioridad el tema del mercado interno. Sobre todo porque como el plan de gobierno no menciona a la pesca, es  necesario que se defina la agenda para este gobierno y se  evalúe si se va a respetar el  Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) vigente o requiere ser modificado.

Desde un enfoque ciudadano, relegar la pesquería al lugar al cual el PESEM actual o ha hecho, es restarle importancia, diluir al sector en un Ministerio donde cada vez la pesca y la acuicultura viene a menos y minimizar la problemática sectorial.

Los intereses económicos deben equilibrarse con los intereses sociales y de alimentación del ciudadano peruano, así como los de mantenimiento del ecosistema.

Los recientes problemas que la prensa nos viene mostrando en relación a productos lácteos que han motivado una gran polémica y atención por los medios, deberían hacernos reflexionar sobre la poca importancia que se le ha dado al mercado interno. La mejor evidencia está en la existencia de un Ministerio de Comercio Exterior y la inexistencia de una autoridad del mismo nivel que se preocupe por el mercado interno. Como también en la infeliz frase “calidad de exportación”, que no hace sino expresar que la calidad de lo que se vende en el país no tiene importancia. Se nos convirtió a los peruanos en ciudadanos de segunda o tercera categoría al priorizar el mercado externo dejando los restos para el mercado interno.

Así como el tema de las leches lo ha puesto en vitrina, por estos días, no debemos dejar de insistir en que el consumo de productos hidrobiológicos, que pueden contribuir a reducir los índices de desnutrición y anemia infantil en el Perú, necesita que se preste más atención a los problemas y necesidades nacionales, o sea, al mercado interno.

En el caso pesquero, las exportaciones tienen incentivos como el drawback y exigentes normas de control de calidad. Para el mercado interno los controles son laxos o inexistentes y carece de incentivos. De tal manera que es más rentable exportar que vender al mercado interno. No hay mucho que pensar para un empresario.

La Revista Pesca ha mantenido y mantiene la opinión de que en el tema pesquero, el aporte al PBI si bien es cierto resulta importante, no es lo único ni lo principal. La actividad de extracción de un recurso natural que es fuente de alimentación, tiene que tener como componente de acción, planeamiento y regulación por parte del Estado, al ciudadano que es el beneficiario final como consumidor de proteína de origen hidrobiológico.

El asunto es ¿cuál debe ser la política de Estado para la atención del mercado interno, en especial para los sectores más necesitados de proteína?


Marcos Kisner Bueno

miércoles, 7 de junio de 2017

GOBIERNO PERUANO SE COMPROMETE ANTE LA ONU A PUBLICAR EN LÍNEA LA INFORMACIÓN SATELITAL DE EMBARCACIONES PESQUERAS

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Héctor Soldi, realizó el anuncio en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre los Océanos.
La información satelital será publicada en la herramienta gratuita Global Fishing Watch.
Oceana y gremios pesqueros aplauden este esfuerzo para promover la transparencia en la pesca.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Héctor Soldi, anunció hoy 7 de junio de 2017 el compromiso del Gobierno Peruano de publicar la información satelital de embarcaciones pesqueras a través de Global Fishing Watch, herramienta en línea de libre acceso que permite seguir la actividad en el mar casi en tiempo real.


El compromiso, anunciado en la Conferencia Mundial sobre Océanos organizada por las Naciones Unidas en Nueva York, es el resultado de la cooperación entre Oceana y el Estado Peruano para incrementar la transparencia de la pesca comercial.

“Este es un importante compromiso para la transparencia en la pesquería, la tecnología de Global Fishing Watch, promovida por Google, la organización no gubernamental Oceana y Skytruth, permitirá el seguimiento de la pesquería para luchar contra la pesca ilegal””, declaró el viceministro en su discurso.

Este acuerdo implica la futura publicación de la información del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT), tecnología del Ministerio de la Producción (PRODUCE) que permite monitorear las naves comerciales, tanto nacionales como extranjeras, para el seguimiento, control y vigilancia.

La integración de esta información a Global Fishing Watch se hará de forma progresiva y permitirá que cualquier ciudadano con acceso a Internet pueda monitorear la actividad pesquera casi en tiempo real, con lo que contribuye a la lucha contra  la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR).

Este anuncio empodera a Perú como uno de los líderes en transparencia en la gestión pesquera a nivel global, ya que solo Indonesia, quien asumió el mismo compromiso en 2015, ha publicado la información de sus flotas comerciales a través globalfishingwatch.org
“Todos los miembros de la sociedad deberían tener acceso a la mejor data disponible para manejar nuestras pesquerías y proteger nuestros recursos marinos. Con la inclusión de la data del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT), Global Fishing Watch ofrecerá un valioso retrato de lo que ocurre en el mar peruano”, remarcó Patricia Majluf, vicepresidenta de Oceana en Perú.

Respaldo del sector

Los gremios del sector pesca felicitaron esta decisión del Gobierno Peruano. Elena Conterno, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, resaltó la importancia de la transparencia en las operaciones pesqueras. "Saludamos y apoyamos esta iniciativa de hacer pública la información satelital para que todos los actores tengan cuidado en sus actividades y la ciudadanía también pueda incidir en la vigilancia y buen comportamiento", apuntó.

Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca de la Sociedad Nacional de Industrias, coincidió en esta felicitación al Gobierno Peruano. “Desde el sector privado vemos con mucha alegría la futura incorporación de la información satelital al Global Fishing Watch. En un mar tan vasto como el peruano es imposible la presencia permanente a lo largo de casi 3,000 km de litoral. Tenemos que incorporar a la tecnología para un verdadero monitoreo y vigilancia”, manifestó.

“La transparencia es esencial en un mundo globalizado. La pesca de anchoveta está en nuestras 200 millas, no hay ningún motivo para no ser transparente. Este compromiso es un avance muy positivo, acorde con los lineamientos de la FAO para la pesca responsable, según el cual todo barco debe contar con identificación y cumplir con las normas de ordenamiento pesquero nacional e internacional”, añadió Humberto Speziani, director de Tecnológica de Alimentos (TASA).


Fuente


martes, 6 de junio de 2017

LOS OCÉANOS HAN DICHO BASTA

"Hasta hace muy pocos años, pensábamos en el océano como algo enorme, casi inagotable o imperturbable. Un lugar del que podíamos sacar de todo, y al que podíamos tirar lo que nos sobraba o ensuciaba la tierra firme. Hoy pagamos el precio de nuestra ignorancia".
La oceanógrafa y exploradora estadounidense Sylvia Earle resumía en el primer día de la Conferencia de los Océanos organizada por Naciones Unidas en Nueva York el cambio de mentalidad que ha dado lugar a esta reunión: el océano sufre las consecuencias de la acción humana, y el ser humano ya empieza a sentir los efectos de ese sufrimiento.
Contaminación marina de todo tipo, acidificación y aumento de la temperatura de las aguas, sobreexplotación de los bancos de animales marinos... Esa concepción de los mares como una fuente inagotable de recursos —incluyendo perforaciones y minería submarinas— y cubo de la basura global de la que hablaba Earle empieza a pasar factura. Los peces repletos de plástico y la subida del nivel del mar que ahoga a las zonas costeras son algunos de los problemas más visibles. Hay otros, como el efecto que todo esto tiene sobre el clima y el funcionamiento del planeta, que aún están por describir del todo.
Porque sabemos mucho más sobre los mares que hace unas cuantas décadas, decía Earle. Sabemos que genera oxígeno, almacena carbono, regula la temperatura y el clima y define la química del planeta. Y aunque nos falte mucho por saber sobre el protagonista principal de la vida en la Tierra —menos aún sabemos sobre lo que ocurre en sus profundidades— sí empezamos a ser conscientes de que lo que le pase nos afecta. Y mucho. Que se lo pregunten si no a los habitantes de las pequeñas islas que ven cómo se agota la pesca de la que viven, la porquería ensucia sus playas y espanta el turismo, y el mar les comienza a hogar literalmente.
Quizá por eso, las Naciones Unidas han convocado esta Conferencia de los Océanos, que no lleva número de edición porque nunca se había celebrado antes. "Ya era hora de tener una cumbre sobre la mayor parte de nuestro planeta", ironizaba Earle. Esos pequeños Estados insulares, como Fiji, Tuvalu, Maldivas, Mauricio o Trinidad y Tobago, naciones puramente oceánicas que son los primeros en experimentar los efectos del maltrato al que la acción humana ha sometido a las aguas, son y serán — una vez— los principales protagonistas de la cumbre. "Nosotros no tenemos otra opción que atacar las amenazas a nuestra propia supervivencia", en palabras del jamaicano Al Bingar, secretario general de SIDS Dock, la plataforma internacional que estos países han organizado para actuar conjuntamente contra el cambio climático y su falta de fuentes de energía.
Pero estas islas y archipiélagos no coparán toda la escena de aquí al viernes en otra isla, la de Manhattan, donde el aumento del nivel del mar dobló la media global el siglo pasado. Países muy contaminantes y otros no tanto, flotas pesqueras que cumplen con las medidas contra las capturas ilegales, y otras que no tanto, industrias conserveras y distribuidores que apuestan por la trasparencia y sostenibilidad, y otras que no tanto, agencias internacionales más o menos involucradas, investigadores, expertos... Todos tendrán algo que decir sobre los retos que desbordan los mares.
“El océano no nos necesita. Seguirá ahí en cualquier caso. La cuestión es cómo seguiremos nosotros”Y también sobre las posibles soluciones. Centenares de iniciativas y proyectos de pesca sostenible, de reciclaje de plásticos extraídos del océano, de trazabilidad de los animales marinos que comemos, placas solares que flotan estarán para compartir experiencias y conocimiento. Ideas hay muchas pero, como siempre, falta ponerse a ello.
Cuando acabe esta semana en la sede neoyorquina de las Naciones Unidas, el club donde los países se reúnen para tomar decisiones que afectan a todos, será difícil saber cuánto hay de voluntad real en las toneladas de buenas intenciones y palabras grandilocuentes —"diálogo multilateral", "construcción de resiliencia", "sostenibilidad y buenas prácticas" — que inundarán la cumbre. Tampoco se podrá prever si las conclusiones o compromisos que se adopten podrán hacer aguas en un par de meses, a imagen y semejanza del Acuerdo de París contra el cambio climático.
"Debemos dejar a un lado el beneficio nacional a corto plazo para evitar una catástrofe global a largo", urgía el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
En cualquier caso, Earle advertía de que la humanidad encara "una encrucijada definitiva" para definir cómo quiere vivir en las próximas décadas y siglos. "Porque el océano no nos necesita. Seguirá ahí en cualquier caso. La cuestión es cómo seguiremos nosotros con un océano tan maltratado".
Fuente