REVISTA PESCA

La Revista Pesca es un medio de información alternativo que presenta artículos, opiniones y noticias referidas a la pesca en el Perú y el mundo, con énfasis en la política pesquera, la conservación del ambiente y la seguridad alimentaria.
En 2017 cumplimos 57 años de publicación contínua en el Perú.

Las ediciones a partir del 2010 se publican en formato digital (PDF) en la siguiente página web: http://www.issuu.com/revistapesca/docs

Correo electrónico: revistapesca@outlook.com

jueves, 18 de enero de 2018

SNI: LA INDUSTRIA CONSERVERA AL BORDE DE SU EXTINCIÓN

·         El Presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, Alfonso Miranda, declaro que el Ministerio de la Producción es el responsable de la actual crisis de la Industria Conservera.
·         Reiteró que 5,000 puestos de trabajo en el rubro atunero se encuentran en peligro, así como la inversión de US$60.00 millones realizadas por los industriales atuneros.
·         El DS. 021-2017-PRODUCE que libera a los barcos extranjeros a dejar el 30% de lo que extraen en el mar de Grau, pone en la peor crisis histórica en la industria conservera de nuestro país, alertó Miranda.
·         Trabajadores y pescadores anuncian movilizaciones  de protesta contra el referido dispositivo en el ámbito nacional.

La industria conservera atraviesa por la peor crisis de su historia por factores atribuibles a decisiones del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y que lo han puesto al borde de su extinción, alertó el Presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Alfonso Miranda.

“En más de 80 años de industria pesquera no se habían vivido tantos hechos que hoy ponen a la pesca para consumo humano y a la conservería en particular, al borde de la extinción”, manifestó.

Sostuvo que el referido sector ha venido de una situación de desabastecimiento de materia prima en la industria enlatadora, a la crisis de las conservas importadas que ha afectado también a los productos nacionales y al DS 021-2017-PRODUCE que libera a los barcos extranjeros que pescan en el Perú, de la obligación de entregar a plantas peruanas, el 30% de lo que pescan en el mar peruano.

Miranda señaló que a pesar que PRODUCE informó que se iba a revisar esta norma que ha causado el rechazo general en el sector pesquero y que no fue publicada previamente para su debate, hasta ahora se sigue postergando la norma que la corrija y se teme que sea uno de los tantos asuntos pendientes que tienen por atender las autoridades sectoriales,

“La situación es tan grave que no podemos esperar que pasen las semanas para resolver algo tan simple de corregir ya que la inacción podrá destruir las inversiones y el trabajo de miles de peruanos”, aseveró el dirigente empresarial.

Miranda añadió que los 5,000 puestos de trabajo en este rubro se encuentran en serio peligro, así como la inversión de US$60.00 millones realizadas por los industriales atuneros.

Trabajadores pesqueros se unen

Por su parte, el Secretario General del Sindicato de Pescadores Atuneros del Litoral Peruano del Puerto de Paita (Piura), Fernando Vílchez Gómez, pidió a la Presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araoz, que se rectifique el DS 021-2017-PRODUCE y que se atienda a la industria conservara nacional “…que genera trabajo y divisas al país”.

“Estamos convocando a los trabajadores de la industria conservera peruana y sociedad civil a una audiencia pública en Paita a fin de solicitar al Presidente (Pedro Pablo Kuczynski) que disponga una inmediata investigación de nuestra denuncia a fin de erradicar la corrupción de altos funcionarios que atentan contra el bienestar y desarrollo social de nuestra nación”, agregó.

En tanto, el empresario conservero Eduvigis Beltrán, dijo sentirse engañado por el Estado Peruano que dice respetar las reglas de juego y sin embargo, las cambia diametralmente de un momento a otro.

Al respecto, indicó que se utilizará todas las posibilidades legales que nos amparan para defendernos de las arbitrariedades de PRODUCE.

“No me pueden quitar de la noche a la mañana el producto de los esfuerzos de toda una vida, es peor que si me estuvieran expropiando”, manifestó.

Finalmente, el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Sector Pesquero (CUT PERU PESCA), Javier Castro Zavaleta, declaró que es incorrecto quitar el 30% de la pesca de atún que hace la flota extranjera.

“Ojalá la nueva Ministra valore y priorice los recursos pesqueros para la seguridad alimentaria y nuestros empresarios le den valor agregado diversificando la pesquería y así reducir los índices de desnutrición de nuestros niños”, afirmó.

Añadió que iniciará una serie de medidas de lucha contra esta medida que atenta a la pesca para consumo humano.,

“Haremos plantones y marchas de sacrificio en defensa de los recursos del Mar de Grau”, finalizó.


Datos importantes
·         5,000 trabajadores pueden quedarse sin empleo si no se corrige a la brevedad el DS 021.2017-PRODUCE.
·         El 70% de las conservas que se venden en el Perú son importadas.
·         Las regulaciones de PRODUCE y otras entidades han mermado la competitividad del sector pesquero para consumo humano a pesar que tenemos uno de los mares más ricos del mundo.
·         El cuestionado DS pone en riesgo 60 millones de dólares invertidos en la industria atunera.
·         El Sindicato de Pescadores Atuneros del Litoral Peruano del Puerto de Paita (Piura) agrupa a unos 800 hombres dedicados exclusivamente a la extracción del atún.

  

San Isidro, 18 de enero de 2018
Oficina de Prensa e Imagen
Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI

  
Contacto en Prensa:
Carlos Chuquín
Asesor de Prensa e Imagen

Celular: 99963-4710

domingo, 14 de enero de 2018

El DS sobre el atún que perjudica a la industria conservera peruana: norma indebida

En el sector pesquero peruano, ausente en el Plan de Gobierno, carente de agenda y de políticas, con apenas un Plan Estratégico Sectorial Multianual insuficiente y que no tiene una visión de la pesquería nacional, resulta peligroso que esté a merced de los criterios o deseos de un funcionario público, o de los intereses de algunos administrados.

Los industriales planean para el corto, mediano y largo plazo y suscriben contratos basados en la estabilidad jurídica y normativa del país. No pueden funcionar con el riesgo de que algún capricho, interés, o idea de algún funcionario se impondrá sobre ellos para demoler en un momento la totalidad de sus esfuerzos y destruir proyecciones económicas y productivas.

O se respeta el ordenamiento jurídico, o quedamos desprotegidos frente al omnipotente poder de cualquier funcionario que cree que puede hacerse lo que se quiere. Lobby, intereses, lo que fuese. El hecho es que hemos apreciado cómo es que se vienen manejando algunos aspectos de la política pesquera en el país, que deben ser investigados por las instancias pertinentes a fin de descartar cualquier indicio de corrupción.

Es precisamente para limitar ese poder del funcionario público, que puede ser utilizado para el mal o en forma indebida, que el sistema modeló limitaciones que salvaguarden los interés nacionales. Uno de esos limitantes es el DS 001-2009-JUS, que a la letra dice:

“las entidades públicas dispondrán la publicación de los proyectos de normas de carácter general que sean de su competencia en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales. Dichas entidades permitirán que las personas interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas”

En el caso del DS 021-2017 PRODUCE, que permite que los armadores extranjeros se lleven el atún a sus propias plantas o establecimientos ubicados en sus propios territorios y dejen desabastecidas a las plantas nacionales, esto no se ha cumplido.

Por lo tanto no se puede dejar pasar por agua tibia la publicación de un Decreto Supremo, que por su naturaleza lleva la firma del Presidente de la República, que infringe un aspecto importante del ordenamiento jurídico del país que, entre otras cosas, pretende controlar el poder del que disponen los funcionarios públicos, reduciendo el riesgo de actos de corrupción.

La pre publicación permite el análisis de cualquier ciudadano, en especial de los que desarrollan actividades en la pesquería. Del análisis se pueden derivar recomendaciones, críticas que pueden perfeccionar la norma, o impedir que continúe si se exponen las razones debidamente sustentadas. 

Permite saber en qué contexto está siendo gestionada y si responde al Plan Estratégico Sectorial vigente, o a alguna política. Permite identificar si la norma es técnicamente apropiada y moralmente debida, o si busca satisfacer intereses subalternos ajenos a la conveniencia de las mayorías.

Omitir ese paso induce a sospechas y convierte a la norma en algo oscuro, generando desconfianza en los funcionarios que dirigen el sector. De haberse hecho nos habríamos evitado una serie de denuncias, quejas y reclamos que perjudican no solo a la industria sino al propio Ministerio, más aún cuando la nueva administración ya comunicó que la norma sería revisada. ¿Cuál fue la razón para dispararse un tiro en el pie? 

Al respecto es importante saber lo que dice la  “Guía Sobre La Calidad Normativa y Publicación de Proyectos Normativos”, aprobada con la RD N° 008-2016-JUS/DGDOJ del 25 de agosto de 2016:

2.6. ¿CUÁL ES EL RÉGIMEN DE PUBLICACIÓN DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS? REQUISITOS Y EXCEPCIONES

“2.6.1. Los requisitos para la  publicación  de proyectos normativos
Retomando el análisis del régimen de publicación de proyectos normativos actualmente vigente en el ordenamiento nacional, es importante anotar que el inciso 2 del artículo 14 del RPPNDL establece las características que deben cumplir los proyectos normativos que son sometidos a publicación, en los términos siguientes:

“Artículo 14.- Difusión de los proyectos de normas legales de carácter general
(...)
2.1. Referencia a la entidad pública bajo la cual se propone el proyecto de norma;
  2.2.  El documento que contiene el proyecto de norma y la exposición de motivos, así como una descripción de los temas que involucra;
  2.3.  Plazo para la recepción de los comentarios;
  2.4.  Persona dentro de la entidad pública encargada de recibir  los comentarios”.

-Referencia a la entidad  pública bajo  la cual se Propone  el proyecto de norma; el proyecto normativo se encuentra a cargo de una entidad que lo impulsa, la que debe hacerse responsable por su publicación. Ello, además, con el objetivo de advertir si la entidad que impulsa el proyecto normativo tiene competencia por la materia, en estricto cumplimiento del principio de legalidad.

- Documentación  debe  contener el  proyecto  de norma y  la exposición de motivos, así como   una   descripción  de los temas que  involucra; el archivo que se publica para acceso público debe contar con un resumen o descripción de la temática que involucra a fin de que los ciudadanos y la sociedad en general puedan identificar si el tema es de su particular interés para su revisión. Cuando se hace referencia al “proyecto de norma” se entiende al proyecto de Formula Normativa es decir, aquella que contiene el articulado. Por otro lado, cuando se hace alusión a la “exposición de motivos”, incluye además el análisis Costo Beneficio y el análisis del Impacto en la Legislación, dado que un proyecto normativo está conformado necesariamente por estas 4 secciones.

-Plazo para la recepción de los   comentarios; es importante que los proyectos tengan un plazo para recibir los comentarios por parte de los particulares y la sociedad en general, pues debe estar sujeto a una fecha límite en la medida que debe continuar con su trámite correspondiente para finalmente concluir en su dación. En ese sentido, resulta vital que sea debatido y estudiado a tiempo, a fin de no generar entrampamientos u obstrucciones, por lo cual se deberá fijar expresamente plazos”



miércoles, 10 de enero de 2018

Más de cinco mil puestos de trabajo en riesgo por dispositivo que atenta contra la industria atunera peruana

El Presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industria (SNI), Alfonso Miranda anunció acciones legales a fin de derogar judicialmente que perjudica el desarrollo de la actividad atunera en nuestro país.
Agregó que la nueva ministra de Producción, Lieneke Schol deberá resolver el gravísimo problema que atenta contra el normal desarrollo de la industria atunera en  nuestro país.

Más de cinco mil puestos de trabajo en la industria del atún en nuestro país se verían en serio peligro a raíz de un Decreto Supremo 021-2017-PRODUCE que ya no obliga a los armadores extranjeros pesqueros del extranjero a dejar el 30 por ciento de lo extraído en nuestro país para los siguientes cuatro años, alertó el Presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Alfonso Miranda.

Explicó que el pasado 29 de diciembre, se publicó el referido decreto supremo sin la consulta a las partes involucradas y adelantó que evalúan acciones legales a fin de derogarlo.

“Iniciaríamos las acciones legales y administrativas ante todos los órganos competentes para revertir judicialmente esta medida que genera un gravísimo daño al sector industrial y unas cinco mil personas cuyos trabajos estarían en serio riesgo”, sostuvo Miranda.

Agregó que esta medida es inconstitucional, no cumple con los requisitos de publicación previa y cambiar las reglas de juego por las cuales se han realizado las inversiones cuantiosas.

El dirigente gremial recordó que el 31 de octubre pasado, su institución envió una carta al  Ministro de la Producción, señalando que el ordenamiento pesquero del atún vigente había propiciado importantes inversiones en la industria que nos llevarían a volver a ser una potencia atunera como fuimos hasta los años 70.

Indicó que en la misiva se le pidió que se mantuvieran esas condiciones. 

Afirmó que al cabo de cinco años, el Perú podría estar acercándose al Ecuador como potencia atunera en América.

Sin embargo, manifestó que en menos de 60 días se nos sorprende con un decreto supremo que propiciará la quiebra de empresas del sector atunero, destruye la competitividad del sector y favorece a las industrias extranjeras.

“Dichas embarcaciones extranjeras que proceden de Panamá, México y Ecuador ya no tienen la obligación en dejar el 30 por ciento de lo extraído”, manifestó Miranda.

Indicó que hasta la fecha, se han invertido unos US$60.00 millones en plantas de conservas, frigoríficos e infraestructura, entre otros servicios en favor de la industria atunera.

El empresario pesquero aseguró que era el inicio de futuras inversiones a fin de potenciar el mencionado sector industrial y competir de igual a igual con Ecuador.

Otra  opinión

Por su parte, el industrial pesquero Eduvigis Beltrán señaló que se ha puesto en riesgo a más de 5,000 puestos de trabajo y una industria que produce alimentos para nutrir a los peruanos por lo que urge una sana rectificación.

“En momentos en que escasean las materias primas para nuestras industrias, es inadmisible que otros se lleven nuestro pescado con el auspicio de PRODUCE”, opinó.

Finalmente, Alfonso Miranda confió en que la nueva Ministra de la Producción (PRODUCE), Lieneke Schol sabrá valorar a la industria nacional y podrá corregir este grave problema.

“Debemos aprovechar para ver en esta crisis, una oportunidad y proponernos mejorar las condiciones en las que opera la industria, promoverla y hacerla grande”, finalizó.


San Isidro, 09 de enero de 2018
Oficina de Prensa e Imagen
Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI



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Carlos Chuquín

Celular: 99963-4710

domingo, 7 de enero de 2018

Empresas peruanas son perjudicadas por norma referida al atún

La publicación del DS 021-2017 PRODUCE permite que los armadores extranjeros se lleven el atún a sus propias plantas o establecimientos ubicados en sus propios territorios y dejen desabastecidas a las plantas nacionales.

Ver nota en:

Por diversas razones, la flota nacional peruana no accede a la captura del recurso atún, las cuales no son materia de análisis en esta nota. En ese contexto, la única posibilidad de procesar esta especie provenía de los desembarques obligatorios del 30% de las capturas de las embarcaciones extranjeras con permiso de pesca para atún dentro del marco de la cuota que posee el Perú en la CIAT y dentro o fuera del dominio marítimo peruano.

Es en base a dicha normatividad que las plantas peruanas encontraron una posibilidad de continuar operando y generando empleo.

Por tanto es incomprensible que el Ministerio de la Producción haya dictado una norma que en términos reales condena a las plantas peruanas a dejar de operar brindándose mayores facilidades al armador extranjero que al empresario peruano y/o domiciliado en el país.

Se ha incumplido lo dispuesto en el DS 001-2009-JUS, que a la letra dice:

Artículo 14.- Difusión de los proyectos de normas legales de carácter general

1.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2, las entidades públicas dispondrán la publicación de los proyectos de normas de carácter general que sean de su competencia en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales. Dichas entidades permitirán que las personas interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas.

2.- La publicación de los proyectos de normas de carácter general deben incluir:
2.1. Referencia a la entidad pública bajo la cual se propone el proyecto de norma;
2.2. El documento que contiene el proyecto de norma y la exposición de motivos, así como una descripción de los temas que involucra;
2.3. Plazo para la recepción de los comentarios;
2.4. Persona dentro de la entidad pública encargada de recibir los comentarios.

La prepublicación de proyectos normativos constituye una obligación aplicable a las entidades públicas, con excepción del Poder Legislativo y Poder Judicial. Cosa que no se ha hecho con este Decreto Supremo.

Aparentemente el Ministro de la Producción ha sido sorprendido con esta norma. Es poco probable creer que la haya aprobado y llevado a la firma del Señor Presidente Constitucional de la República si hubiese medido el impacto que causaría sobre la industria conservera nacional. La mejor explicación es que actuó de buena fe basado en la confianza y no llegó a medir los alcances de tenía el documento.

El funcionario con el suficiente poder e influencia que ha proyectado la norma y ha seguido el proceso de su gestación y firmas hasta su ingreso al Despacho Ministerial debería justificar ante la opinión pública y los empresarios afectados las razones que tuvo para este favorecimiento a armadores extranjeros en perjuicio de las empresas domiciliadas en el país. También debe explicar a la opinión pública porqué la norma no fue pre publicada como debe hacerse.

Tanto el título del DS como su publicación un dia viernes 29 de diciembre, además de su propio contenido, hacen de esta modificación al ROP del atún algo oscuro y sospechoso que permite que los afectados y ciudadanos efectúen las acciones que corresponda, al igual que se hizo en su momento con el DS 005. La acción de amparo y la solicitud de una acción de control por parte de la Contraloría General de la República deberían ser aplicables para que los ciudadanos peruanos entiendan cómo y porqué se gestan normas que se convierten en sospechosas.

Se está haciendo un daño a la industria del país y destruyendo la confianza que tanto cuesta crear para invertir en el Perú, lo que todos reclaman. Mayor inversión es necesaria pero eso implica confianza y continuidad de las normas bajo las cuales se arriesgan capitales. No se puede trabajar bajo el temor de que las decisiones de cualquier funcionario público pueden destruir proyectos con tanta facilidad.

El propio título del DS 021, el cual es: “Decreto Supremo que modifica el último párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria y la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 026-2016-PRODUCE, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2003-PRODUCE” es tan oscuro que no llama la atención, no refleja la gravedad de su contenido y pasa desapercibido para la generalidad de los ciudadanos. Solo un análisis detallado muestra la perversidad de la norma e induce a sospechar la existencia de intereses ajenos a los del país.

No solo se ha violado la obligatoriedad de la pre publicación que menciona el DS-001-2009-JUS, sino también el Acuerdo de Promoción Comercial Perú- Estados Unidos, que dice:

Que, la República del Perú y los Estados Unidos suscribieron el “Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos”- APC Perú-EE.UU, el 12 de abril de 2006, el cual fue aprobado por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa Nº 28766 del 28 de junio de 2006, y ratificado por el Presidente de la República mediante Decreto Supremo Nº 030-2006-RE, del 28 de junio de 2006;

El Capítulo 19 denominado “Transparencia del APC Perú- EE.UU” establece el compromiso de que las Partes de publicar por adelantado, en la medida de lo posible, cualquier medida que se propongan adoptar, así como a garantizar la difusión de las normas adoptadas y por adoptarse.

Transparencia implica abrir las puertas del estado al conocimiento ciudadano. Desterrar el principio de «secretismo» en el ejercicio de la función pública. Este concepto está vinculado con una característica esencial del estado democrático y constitucional, la cual es la publicidad de sus actos y la transparencia de la administración estatal en la gestión de los asuntos públicos. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a información pública y como correlato los funcionarios públicos deben rendir cuentas sobre las decisiones que adoptan y que las personas puedan solicitar y acceder a la información completa y veraz. (fuente: defensoría del pueblo).

 “El mandato de publicación de proyectos normativos del Poder Ejecutivo es plenamente coherente con el principio de transparencia y la regla de publicidad máxima, en la medida que es acorde con todas las premisas enunciadas y que son rasgos característicos de un Estado Constitucional de Derecho.

En efecto, contar con información oficial y con la debida antelación de los propósitos normativos que tiene el Estado permite maximizar esta denominada cultura de la transparencia que ha sido así denominada por el Tribunal Constitucional, al poner en conocimiento cuales son las estrategias normativas que asume el Estado para afrontar determinadas problemáticas. Este conocimiento previo, debidamente informado sobre los planes del Estado en materia regulatoria, permite a los particulares y la sociedad en general participar del Estado en un permanente proceso comunicativo que posibilita nuevos aportes que redundan en la mejora de los contenidos inicialmente propuestos, cuando así corresponda.

En consecuencia, es evidente que un modelo o régimen que exige la publicación previa de los proyectos normativos que aspiran a convertirse en normas que regulen el accionar social y estatal, amplifica y satisface de mejor manera los principios de transparencia y publicidad que un modelo en donde no se cuente con dicha herramienta”


Fuente: Guía sobre la calidad normativa y publicación de proyectos normativos

Marcos Kisner Bueno
Presidente de la Revista Pesca

viernes, 5 de enero de 2018

La eficacia del gasto público en el sector Producción del Perú en 2017

Un Proyecto de Inversión debe cumplir con las características de ser una intervención limitada en el tiempo que implique la aplicación de recursos públicos con el fin de ampliar, mejorar y modernizar la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios, cuyos beneficios son independientes de los de otros proyectos.


Los proyectos de inversión del sector Producción durante el ejercicio 2017 han tenido el siguiente desempeño. La medición de la eficiencia y eficacia del sector en términos cuantitativos, es lo que puede apreciarse en la lectura de las cifras oficiales de ejecución del presupuesto.

No mide la calidad del gasto.





















El gasto total del sector Producción, es decir gastos de inversión y gasto corriente, (incluye el sector Industria y Mypes por cuanto es un solo Ministerio), es el que se muestra en el siguiente cuadro, que también mide la eficacia cuantitativa del gasto, más no la calidad del mismo.














Fuente:
Portal del MEF
Elaboración: Revista Pesca

jueves, 4 de enero de 2018

El atún y la ausencia de continuidad normativa en el Perú

El Perú fue una potencia atunera en América hasta los años 70 en que se estatizaron las plantas industriales y la flota que operaban en Paita, Chimbote e Ilo.

Desde principios de este siglo se fueron dando medidas para recuperar esta condición.

Progresivamente, se favoreció la compra de bienes de capital, nos incorporamos a la CIAT, se emitió el ROP del Atún, se dio facilidades para la adquisición de atún proveniente de naves extranjeras, se establecieron mínimos de descarga en plantas peruanas, se habilitaron muelles de descarga públicos y privados, etc.

Con estas reglas de juego, que se emitieron publicando previamente un proyecto de norma para su discusión y análisis, se comenzaron a desarrollar diferentes iniciativas en Paita con Seafrost, Conservera de las Américas, Proanco, etc.; en Chimbote con Conservas Beltrán, Hayduk, Casamar y otros; Callao con Liguria y otros; Pisco con Pezex y Transmarina del Perú, etc.

Estas empresas han invertido en los últimos años en plantas de congelado, maquinaria para conservas, frigoríficos, infraestructura, flota y otros por un valor que supera los 60 millones de dólares, apostando por la industria del atún y con la confianza de un suministro asegurado por el Estado Peruano que vigilaría que se entregue el 30% de las capturas realizadas en nuestro dominio marítimo. 5,000 peruanos tendrían trabajo digno y formal con este desarrollo empresarial.

Sin embargo, en vísperas del año nuevo, el sábado 30 de diciembre se publica el DS 021-2017-PRODUCE, que no fue previamente publicado como manda el reglamento aprobado por el DS 001-2009-JUS, que modifica el ROP del atún dando mayores facilidades a las embarcaciones extranjeras con permiso de pesca para esta especie.  Medida que podría no ser mala, siempre y cuando no perjudique a las empresas peruanas, cosa que sí ocurre con este dispositivo porque  impide que las plantas congeladoras y conserveras nacionales puedan recibir el Atún proveniente de  embarcaciones extranjeras que capturan esas especies en el dominio marítimo peruano.

El DS 021-2017-PRODUCE aprueba que los armadores que no hayan cumplido con descargar el 30% de sus capturas lo podrán hacer hasta en 4 años que es la duración del régimen que se aprueba con dicho dispositivo legal. El otorgamiento de la ampliación de 4 años a las flotas extranjeras no encuentra explicación alguna si ello significa que las plantas peruanas se queden sin abastecimiento de atún con las consiguientes pérdidas económicas y de empleo.

Esto pone en grave riesgo a las empresas y a sus trabajadores, impide el normal abastecimiento de las plantas y vuelve a frenarse el desarrollo de una industria para la cual tenemos enormes ventajas comparativas.

Esta norma, pese a afectar sensiblemente a la industria nacional no fue prepublicada ni consultada con las empresas que resultan afectadas.

Nuevamente asistimos a normas sin consenso y sin consulta que lejos de mejorar la situación sectorial la vuelven más impredecible afectando a las inversiones nacionales.

La Sociedad Nacional de Industrias le pidió al Ministro Pedro Olaechea, mediante carta entregada el 31 de octubre de 2017, que se mantuvieran las normas que estaban permitiendo generar el círculo virtuoso en favor de la inversión en atún y reposicionamiento de nuestro país. Se señaló de manera específica que no se modificara el ordenamiento pesquero del atún y se señaló que modificarlo o anularlo significaría el cierre de las plantas que procesan este recurso. Sin embargo, el Ministro no hizo caso a este pedido e hizo todo lo contrario a lo solicitado por los industriales.

Se espera que PRODUCE derogue esta medida y que sea debatida con la participación de todos los estamentos del sector atunero nacional.

DS 021-2017-PRODUCE

Artículo 1.- Modificación del último párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 026-2016-PRODUCE, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE

Modificase el último párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 026-2016-PRODUCE, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2003-PRODUCE, con el siguiente texto:

“Segunda.- Régimen excepcional para la entrega de atún

(…)

El presente régimen tiene una duración de cuatro (4) años contados a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo.”

Artículo 2.- Modificación de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 026-2016-PRODUCE, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE

Modificase la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 026-2016-PRODUCE, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, con el siguiente texto:

“Tercera.- Otorgamiento de nuevos permisos de pesca

Los armadores de embarcaciones pesqueras atuneras de bandera extranjera que hubieran contado con un permiso de pesca sin haber cumplido con la obligación de descargar no menos del 30% de sus capturas, podrán obtener el permiso de pesca correspondiente, previo cumplimiento de lo dispuesto en los literales b) y c) del numeral 2.4 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 001-2016-PRODUCE, sin perjuicio de los requisitos previstos en el presente Reglamento y en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la Producción. La carta fianza correspondiente a la deuda morosa deberá tener una vigencia no menor de treinta (30) días calendario posteriores a la fecha estimada del cumplimiento de la descarga; la prórroga de la carta fianza deberá ser presentada con cuarentaicinco (45) días calendario de anticipación al vencimiento de dicha carta fianza ante el órgano competente en materia de supervisión y fiscalización del Viceministerio de Pesca y Acuicultura. El incumplimiento de la presentación de la prórroga dará lugar a la ejecución de la misma, asimismo se procederá a la cancelación del permiso de pesca otorgado de ser el caso. Las descargas no podrán sobrepasar el plazo de duración del régimen establecido en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria.

La obtención del permiso de pesca en virtud a lo dispuesto en el párrafo anterior, no exime al armador del cumplimiento de la obligación de entrega que deben realizar en virtud a su permiso de pesca anterior, el cual se sujeta para todos sus efectos a las disposiciones contenidas en el presente Decreto Supremo.”


domingo, 31 de diciembre de 2017

Editorial Revista Pesca enero 2018

En 2016 PRODUCE estableció un marco de lineamientos para asignar la cuota de captura del jurel de altamar, asignada por la OROP P-S, de manera supletoria o complementaria a la flota nacional. En 2017 se modificaron dichos lineamientos, a fin de que Perú pueda aprovechar su cuota de jurel en altamar dentro de su jurisdicción, en la medida que luego de varios años no hubo esfuerzo pesquero peruano en el área descrita.

Se dice que es mejor que el Perú esté dentro de la OROP-PS que no estarlo, ya que no estar presente en dicha organización con voz y voto, por su posición geográfica,  es perjudicar al país en las proyecciones de largo plazo con respecto no sólo al jurel, sino a otros recursos transzonales, como la pota.

Dado que la flota nacional decide pescar sólo en aguas nacionales, el Estado habría encontrado como mecanismo de aprovechamiento de los recursos pesqueros que se encuentren más allá de las 200 millas, específicamente en el caso de del Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, acudir a embarcaciones de bandera extranjera.

Si a la flota nacional no le interesa participar y el Estado no encuentra mecanismos eficaces para incentivarlos, ¿cuál es el beneficio práctico, más allá del diplomático, geopolítico o geoestratégico de insistir en pertenecer a dicha organización?
En términos reales, ¿qué gana el Perú con eso? ¿Derechos de Pesca? Si está cobrándolos, deberíamos saber cuánto estamos cobrando y cuánto nos cuesta pertenecer a la OROP en términos de viajes y cuota anual por la membresía. De pronto la relación beneficio costo sale negativa para el país.

¿Qué hace falta para que el empresario peruano realice esfuerzo pesquero sobre el jurel en la jurisdicción de la OROP-PS y no debamos recurrir a extranjeros?

El tema de fondo es que no existe una visión de la pesquería para el Perú ni una Política de Estado para el sector, como afirma habitualmente la revista Pesca. De lo contrario, si tuviésemos idea de lo que queremos como país, tendríamos un marco promotor que incentive eficazmente a embarcaciones de bandera peruana a operar en toda la jurisdicción de la OROP del Pacífico Sur y en el triángulo del Sur, donde tampoco hay información, visible por lo menos, de actividad extractiva. Este es el conocido Triángulo que el Perú obtuvo luego del fallo de la Haya en relación a nuestra frontera marítima con Chile. Tampoco hay mucho interés por la captura de atún al punto de que se estableció un procedimiento de fletamiento de la cuota, es decir que alquilamos una parte o toda nuestra cuota obtenida luego de arduas negociaciones en el marco de la CIAT.

Si el sector privado no está operando en las áreas descritas, debe existir un razonable motivo o una causa que les impide hacerlo. Estas razones no están, aparentemente, debidamente atendidas por la autoridad de pesquería en la medida que los resultados son evidentes: No hay presencia peruana en estas zonas. Y si la hay, no lo sabemos por ausencia de comunicación desde el Gobierno sobre estos temas.

La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes, que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de contribuir a la formación de opinión propia en base a la lectura de las notas publicadas.

Siendo la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común, pretende contribuir a la generación de mayor conocimiento individual derivada del  análisis de los artículos. Se publica en forma mensual, en formato digital y su descarga es gratuita para quien desee conocer el sector  pesquero y mantenerse informado sobre su temática.

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Los invito cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a ENERO 2018 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.

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jueves, 7 de diciembre de 2017

LA DEUDA DEL ESTADO PERUANO CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Las poblaciones indígenas del Perú esperan que el Estado cumpla con el deber de restituirles como mínimo su derecho al acceso a una alimentación y vivienda apropiada.
Esto implica la creación y sostenibilidad de programas sociales para atender estas demandas. Sin embargo, algunos critican y se oponen al gasto en asuntos sociales porque económicamente no es rentable, no se ve el  retorno de la inversión. Otros aducen que el Estado no tiene responsabilidad en atender a estas demandas y algunos más piensan que el Estado no debe aplicar políticas paternalistas  porque genera la mala costumbre en la población de esperar recibir todo del Estado.
Sin embargo, quienes así piensan olvidan o desconocen que el origen de la existencia de poblaciones rurales dispersas a grandes alturas del territorio peruano que sufren no solo hambre, sino las inclemencias del tiempo fue responsabilidad del Estado.
Deberían recordar, o saber que el Estado provocó la dispersión y la pobreza de esas poblaciones. Es el Estado colonial y posteriormente el republicano el responsable y por tanto tiene la obligación de reparar el daño.

Atenderlas no es un acto de caridad ni paternalismo. Es una justa retribución, un  deber y una obligación impostergable.
Eduardo Galeano en “Las venas abiertas de América Latina” nos dice:
Cuando los españoles irrumpieron en América, estaba en su apogeo el imperio teocrático de los incas, que extendía su poder sobre lo que hoy llamamos Perú, Bolivia y Ecuador, abarcaba parte de Colombia y de Chile y llegaba hasta el norte argentino y la selva brasileña. Estas sociedades han dejado numerosos testimonios de su grandeza, a pesar de todo el largo tiempo de la devastación: monumentos religiosos que nada envidian a las pirámides egipcias; eficaces creaciones técnicas para pelear contra las sequías; objetos de arte que delatan un invicto talento. En el museo de Lima pueden verse centenares de cráneos que fueron objeto de trepanaciones y curaciones con placas de oro y plata por parte de los cirujanos incas.
La conquista rompió las bases de aquellas civilizaciones. Peores consecuencias que la sangre y el fuego de la guerra tuvo la implantación de una economía minera. Las minas exigían grandes desplazamientos de población y desarticulaban las unidades agrícolas comunitarias; no sólo extinguían vidas innumerables a través del trabajo forzado, sino que además, indirectamente, abatían el sistema colectivo de cultivos. Los indios eran conducidos a los socavones, sometidos a la servidumbre de los encomenderos y obligados a entregar por nada las tierras que obligatoriamente dejaban o descuidaban. En la costa del Pacífico los españoles destruyeron o dejaron extinguir los enormes cultivos de maíz, yuca, frijoles, pallares, maní, papa dulce; el desierto devoró rápidamente grandes extensiones de tierra que habían recibido vida de la red incaica de irrigación. Cuatro siglos y medio después de la conquista sólo quedan rocas y matorrales en el lugar de la mayoría de los caminos que unían el imperio. Aunque las gigantescas obras públicas de los incas fueron, en su mayor parte, borradas por el tiempo o por la mano de los usurpadores, restan aún, dibujadas en la cordillera de los Andes, las interminables terrazas que permitían y todavía permiten cultivar las laderas de las montañas.
En 1802, otro cacique descendiente de los incas, Astorpilco, recibió la visita de Humboldt. Fue en Cajamarca, en el exacto sitio donde su antepasado, Atahualpa, había visto por primera vez al conquistador Pizarro. El hijo del cacique acompañó al sabio alemán a recorrer las ruinas del pueblo y los escombros del antiguo palacio incaico, y mientras caminaban le hablaba de los fabulosos tesoros escondidos bajo el polvo y las cenizas. «¿No sentís a veces el antojo de cavar en busca de los tesoros para satisfacer vuestras necesidades?», le preguntó Humboldt. Y el joven contestó: «Tal antojo no nos viene. Mi padre dice que sería pecaminoso. Si tuviéramos las ramas doradas con todos los frutos de oro, los vecinos blancos nos odiarían y nos harían daño». El cacique cultivaba un pequeño campo de trigo. Pero eso no bastaba para ponerse a salvo de la codicia ajena. Los usurpadores, ávidos de oro y plata y también de brazos esclavos para trabajar las minas, no demoraron en abalanzarse sobre las tierras cuando los cultivos ofrecieron ganancias tentadoras. El despojo continuó todo a lo largo del tiempo, y en 1969, cuando se anunció la reforma agraria en el Perú, todavía los diarios daban cuenta, frecuentemente, de que los indios de las comunidades rotas de la sierra invadían de tanto en tanto, desplegando sus banderas, las tierras que habían sido robadas a ellos o a sus antepasados, y eran repelidos a balazos por el ejército. Hubo que esperar casi dos siglos desde Túpac Amaru para que el general nacionalista Juan Velasco Alvarado recogiera y aplicara aquella frase del cacique, de resonancias inmortales: «¡Campesino! ¡El patrón ya no comerá más tu pobreza!».
Los turistas adoran fotografiar a los indígenas del altiplano vestidos con sus ropas típicas. Pero ignoran que la actual vestimenta indígena fue impuesta por Carlos III a fines del siglo XVIII. Los trajes femeninos que los españoles obligaron a usar a las indígenas eran calcados de los vestidos regionales de las labradoras extremeñas, andaluzas y vascas, y otro tanto ocurre con el peinado de las indias, raya al medio, impuesto por el virrey Toledo. No sucede lo mismo, en cambio, con el consumo de coca, que no nació con los españoles; ya existía en tiempos de los incas. La coca se distribuía, sin embargo, con mesura; el gobierno incaico la monopolizaba y sólo permitía su uso con fines rituales o para el duro trabajo en las minas. Los españoles estimularon agudamente el consumo de coca. Era un espléndido negocio. En el siglo XVI se gastaba tanto, en Potosí, en ropa europea para los opresores como en coca para los oprimidos. Cuatrocientos mercaderes españoles vivían, en el Cuzco, del tráfico de coca; en las minas de plata de Potosí entraban anualmente cien mil cestos, con un millón de kilos de hojas de coca. La Iglesia extraía impuestos a la droga. El inca Garcilaso de la Vega nos dice, en sus «comentarios reales», que la mayor parte de la renta del obispo y de los canónigos y demás ministros de la iglesia del Cuzco provenía de los diezmos sobre la coca, y que el transporte y la venta de este producto enriquecían a muchos españoles. Con las escasas monedas que obtenían a cambio de su trabajo, los indios compraban hojas de coca en lugar de comida: masticándolas, podían soportar mejor, al precio de abreviar la propia vida, las mortales tareas impuestas. Además de la coca, los indígenas consumían aguardiente, y sus propietarios se quejaban de la propagación de los «vicios maléficos».
Desterrados en su propia tierra, condenados al éxodo eterno, los indígenas de América Latina fueron empujados hacia las zonas más pobres, las montañas áridas o el fondo de los desiertos, a medida que se extendía la frontera de la civilización dominante. Los indios han padecido y padecen –síntesis del drama de toda América Latina– la maldición de su propia riqueza”

Marcos Kisner Bueno

Presidente de la revista Pesca

martes, 5 de diciembre de 2017

LA PARADOJA DE LA ANCHOVETA EN EL PERU

El  Perú dispone de una abundante biomasa de anchoveta que generó, en el tiempo,  un extraordinario negocio al convertir dicho recurso en harina, poniéndonos en los primeros lugares de producción en el mundo.

La industria reductora de harina de pescado existe desde hace mucho tiempo, está asentada y consolidada en el país, es un negocio muy rentable y opera legítimamente. El negocio genera, no solamente utilidades para el inversor, sino puestos de trabajo para muchas personas y servicios diversos, además de los aportes, grandes o pequeños, a la economía nacional y al PBI. Por tanto, la inversión privada que apostó por este modelo de negocio defenderá sus intereses y su modelo de negocio a toda costa. Es su derecho y es su privilegio. No va a desaparecer ni a cambiar, a menos que surjan elementos que le supongan mayor rentabilidad si se reconvierte.

La elección por el consumo humano directo es privilegio del empresario privado. En una economía de libre mercado, no puede forzarse a la empresa privada a invertir en un negocio que no le resulta atractivo, por la razón que fuese. Si el Estado o la Sociedad quieren mayor inversión en el CHD y el mercado interno, tienen que crear las condiciones apropiadas que estimulen al inversionista.

Existe suficiente biomasa para atender la producción de harina y el consumo humano directo. Solo se requiere de una justa y adecuada regulación y administración para que la anchoveta conviva en paz con industriales y consumidores.

La verdad es que la anchoveta no forma parte de los hábitos de consumo de nuestra sociedad actual. Somos comedores de pescados blancos de preferencia, aunque algunos sectores de la población gusten de los azules como la caballa y el jurel, quizá por su menor precio. No hay mucho mercado para la anchoveta actualmente, en especial en estado fresco, lo cual es una ironía por cuanto su abundancia podría aliviar el hambre y la desnutrición que sufre gran parte de nuestra población.

Crear el hábito de consumo de anchoveta, generar un mercado para estimular al inversionista privado a apostar por él, no es tarea fácil, ni de corto plazo. Sobre todo porque no está definida la responsabilidad de quién debe hacerlo. Eso es una tarea que puede deducirse de las necesidades alimentarias que tiene la sociedad peruana, pero no está escrita. Puede demandar diez o más años quizá y un esfuerzo enorme. El privado no creo que lo haga porque ya tiene un negocio rentable, bien sea exportando harina o conservas. No habría razón alguna para complicarse la vida con un mercado interno casi inexistente.

Solo queda la opción de la intervención estatal para fomentar el hábito de consumo y asumir el compromiso de crear un mercado para la anchoveta y perfeccionar la regulación y normatividad vigentes. No es competencia del privado lo segundo ni está obligado a lo primero.

Pero el Estado viene omitiendo actuar en este campo, posiblemente porque a ningún funcionario político le importa, o porque como es un esfuerzo de largo plazo, quien apueste por él, no saldrá en la foto del éxito dentro de diez años. No genera réditos políticos inmediatos ni de corto plazo.

Estamos en un callejón sin salida que genera constantemente un conflicto y un enfrentamiento, simplemente porque el Estado no es capaz de diseñar una Política de largo plazo y un marco regulatorio más justo y más humano desde el punto de vista del consumidor final, que irónicamente es el propietario de ese recurso natural, del cual no recibe beneficio alguno.

Hasta ahora no somos capaces de sentarnos a diseñar un sistema que lleve anchoveta a los niños más necesitados del país y a las poblaciones vulnerables, que reducirían con este alimento sus ancestrales carencias alimentarias.

El Estado tiene una deuda con esas poblaciones y hasta el momento está omitiendo, para el mediano y largo plazo, convertir a la anchoveta en un recurso de consumo común y frecuente por la población peruana, que tiene en la abundancia de este recurso un aliado importante para mejorar sus niveles de nutrición. Tremenda paradoja que deja en el nivel de la indiferencia y de la discusión estéril e improductiva, la aplicación de una solución a un problema alimentario de vital importancia para la Nación.

El reto se encuentra en combatir la desnutrición, para así mejorar las opciones de desarrollo. Ello requiere de una política alimentaria que priorice el consumo interno en base a productos nacionales y al mismo tiempo un proceso de creación del hábito de consumo de los recursos pesqueros más abundantes. 

Marcos Kisner Bueno
Presidente de la Revista Pesca