REVISTA PESCA

La Revista Pesca es un medio de información alternativo que presenta artículos, opiniones y noticias referidas a la pesca en el Perú y el mundo, con énfasis en la política pesquera, la conservación del ambiente y la seguridad alimentaria.
En 2017 cumplimos 57 años de publicación contínua en el Perú.

Las ediciones a partir del 2010 se publican en formato digital (PDF) en la siguiente página web: http://www.issuu.com/revistapesca/docs

Correo electrónico: revistapesca@outlook.com

jueves, 22 de junio de 2017

LA GESTION DE LA PESCA EN PERU

La gestión comprende el marco jurídico e institucional que debe garantizar que la pesca desempeñe la función que el Estado considera adecuada y que satisfaga las necesidades de las mayorías. La gestión debe establecer también las normas que garanticen eficiencia dentro del sector, inocuidad de sus productos, un acceso equitativo a los recursos, protección del ambiente y provisión de proteína de origen hidrobiológico al consumir peruano. La obligación de la autoridad es velar por la preservación del ecosistema, la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y el bienestar de las mayorías nacionales. 

La asignación de determinados derechos de acceso, de límites máximos de captura o de cuotas individuales de pesca no necesariamente resuelve toda la problemática pesquera. Aborda parte de la actividad extractiva. Es un paso, mas no lo es todo.

La administración de la actividad pesquera debe conciliar los intereses de muchas partes.  Supone también reconocer que la eficiencia y la aplicabilidad de las medidas de ordenación dependen en gran medida del apoyo conseguido entre las partes interesadas. Porque la intervención de la autoridad sobre la actividad pesquera, generalmente crea resistencia por parte de los administrados, en especial cuando consideran que se les perjudica. Esta resistencia puede tomar como argumento central la defensa del derecho de propiedad; pero en el supuesto mal entendido de que los recursos pesqueros pueden ser concedidos por el Estado a un tercero en calidad de propiedad. Las cuotas individuales de pesca no constituyen la asignación de un derecho de propiedad.

Las diferencias que pudiesen presentarse entre los administrados y la autoridad de pesquería en relación al volumen de extracción de una pesquería, deben ser resueltas  por el organismo científico en forma técnica y no politizada.

La pesca tiene que estar sujeta a regulación por parte del gobierno con el objeto de impedir la sobreexplotación de los recursos pesqueros, porque se puede generar una sobrepesca. Al no existir derechos de propiedad sobre los peces, los pescadores tratarán de pescar lo máximo posible, ya que lo que ellos no pescan será pescado por un competidor, sin preocuparse de la sostenibilidad del recurso. Ello puede conducir a que el recurso se agote ya que se podría pescar más allá del límite biológico necesario para mantener el recurso disponible en el futuro, generándose un costo social si las futuras generaciones del país podrían no tener acceso a algunas pesquerías debido a su agotamiento. La existencia de ese riesgo justifica la regulación estatal para impedir la sobreexplotación. Pero ni la regulación ni un sistema de cuotas actúan sobre el mercado ni las necesidades alimentarias de la población, hasta ahora.

Artículo 66º de la Constitución Política. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
Artículo 73º de la Constitución Política. Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico.

En base a dicho marco constitucional, la Ley 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales,  fija la extensión del dominio del Estado y, el modo de acceso:

 Artículo 4.- Los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean éstos renovables o no renovables, son Patrimonio de la Nación. Los frutos y productos de los recursos naturales, obtenidos en la forma establecida en la presente Ley, son del dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos.
Artículo 19.- Los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso natural. En cualquiera de los casos, el Estado conserva el dominio sobre estos, así como sobre los frutos y productos en tanto ellos no hayan sido concedidos por algún titulo a los particulares.
Artículo 21.- La Ley especial dictada para el aprovechamiento sostenible de cada recurso natural precisa las condiciones, términos, criterios y plazos para el otorgamiento de los derechos, incluyendo los mecanismos de retribución económica al Estado por su otorgamiento, el mantenimiento del derecho de vigencia, las condiciones para su inscripción en el registro correspondiente, así como su posibilidad de cesión entre particulares.
Artículo 23.- La concesión, aprobada por las leyes especiales, otorga al concesionario el derecho para el aprovechamiento sostenible del recurso natural concedido, en las condiciones y con las limitaciones que establezca el título respectivo

Es imposible disimular el hecho que los desembarques de las especies más populares destinadas al consumo humano nacional, objetivo principal de los pescadores artesanales, están en niveles bajísimos debido a la reducción de las respectivas biomasas. Sin embargo esto último es una deducción de lo que se observa, puesto que se desconoce la existencia de informes científicos que muestren el estado de salud de esas poblaciones de peces.

Las especies como la cojinova, corvina, lenguado, congrio, mero, chita, etc. escasean, aumenta el costo de la faena, sube el precio al consumidor y consecuentemente baja o desaparece la rentabilidad del esfuerzo pesquero (y la del pescador).

Tampoco se puede ocultar que el número de personas que pescan ha aumentado y que éstas están cada vez mejor equipadas a nivel de flota y de aparejos tecnificados. A ello se le define como aumento o crecimiento del esfuerzo pesquero.

Sucede que la biomasa de las diversas especies objetivo siguen el camino inverso, éstas se reducen y por tanto son insuficientes para satisfacer las expectativas y necesidades de todos los partícipes de la pesquería. Pescar debe ser considerado un privilegio. El privilegio de unos pocos que se obliguen a sacar la cantidad justa que garantice la sostenibilidad de las especies al menor costo, en beneficio de la alimentación nacional.  El recurso pesquero no aumenta en función de la demanda. Las normas deben volverse regulatorias, limitativas y exclusivistas. (Aún cuando aquello parezca impopular). 

LA PROBLEMATICA

Es válido otorgar permisos de extracción de recursos pesqueros a empresas privadas, industriales o artesanales, que tendrán el privilegio de ser los únicos con derecho a extraerlos, lo que si bien es cierto les permitirá lucrar y generar utilidades, también es justo que deberán compartir la bonanza del negocio con todos los peruanos, ya estos últimos son los dueños de dichos recursos.

Para alcanzar esta justa participación, considerando que el impuesto a la renta de tercera categoría no es suficiente para garantizar esta participación, es prudente evaluar un nuevo procedimiento de pago sobre la extracción pesquera, de tal forma que el sector pesquero pague un precio justo por la utilización con fines de lucro de un recurso natural.

La tributación de renta de tercera categoría no es la mejor forma de hacer partícipe a la Nación por cuanto se aplica sobre las utilidades, cuando el impacto que genera la extracción sobre el ecosistema marino es de naturaleza independiente de los niveles de eficiencia empresarial que conducen a un resultado financiero que puede ser más o menos aceptable; pero que  no genera una participación adecuada para el Estado.

La política pesquera debe disponer, en forma equilibrada, de objetivos biológicos, económicos y sociales.

El Estado  puede asignar un derecho de acceso a una persona, empresa, o a una embarcación. Normalmente, la asignación de derechos de acceso a personas o empresas, si se asocia con la transferibilidad, redunda en una mayor eficiencia económica. Por ello se han asignado cuotas individuales de pesca para algunos recursos hidrobiológicos. En otros casos, los mismos son de libre acceso.

Cuando se dispone de información científica sobre la población objetivo de extracción, cabe estimar el volumen adecuado de las capturas para conseguir sostenibilidad. Por lo general, el control de las capturas supone establecer la captura total permisible, que se distribuye en cuotas individuales entre los administrados. El efecto de una pesquería sobre otras debe ser tenido en cuenta en la determinación de la cuota global, dentro de un enfoque ecosistémico.

El control de la extracción mediante el establecimiento de una cuota anual o la limitación del esfuerzo total a través de vedas, permite proteger los recursos; pero no contempla la necesidad alimentaria del país. El acceso libre tampoco contempla la necesidad alimentaria del país.

La Constitución Política del Perú en el caso de los recursos naturales, que incluye a los pesqueros, implica la imposibilidad jurídica de que se adquiera algún tipo de propiedad sobre los mismos.

El derecho a pescar se adquiere mediante norma expresa dictada para el efecto en  las condiciones, términos, criterios y plazos que se estipulen. Es el deber del Estado garantizar el acceso a dichos recursos en condiciones equitativas, no discriminatorias y que aseguren la conservación a largo plazo de los mismos.

Es necesario organizar los asuntos pesqueros a través de una Política de Estado, no sólo con la equidad social como criterio fundamental, sino también con la atención puesta en la necesidad de hacer la pesca sostenible e inclusiva para la población peruana que debe ser priorizada en cuanto a sus necesidades alimentarias. Esto requiere un equilibrio entre las consideraciones biológicas, económicas y sociales a través de procesos políticos y normativos que incluyan el establecimiento de condiciones de competitividad equilibradas y justas entre el mercado externo y el mercado nacional.

La Autoridad de Pesquería no es competente para normar en cuanto a exoneraciones o incentivos tributarios o en materia de mercado; pero puede y debería articular con las entidades apropiadas la evaluación de la competencia desleal que significa para el mercado peruano la existencia de privilegios a la exportación, con el objeto de buscar fórmulas y normas que pongan a ambos mercados en igualdad de condiciones, en especial para resolver urgencias de seguridad alimentaria.

Hasta ahora, el mercado externo dispone de privilegios y subsidios que no se conceden al mercado peruano, haciéndolo menos atractivo para el empresario e incumpliendo un deber del Estado como es la atención a las mayorías nacionales, en especial a los sectores más necesitados de proteína y que acusan un alto índice de desnutrición y anemia.

El inconsciente colectivo atribuye a los recursos marinos, no solo el carácter de renovable, sino además, la cualidad de inagotable. Ha elegido aceptar el mito, en obstinada ignorancia de los hechos, creyendo que los recursos pesqueros son infinitos e inagotables y forzando la extracción hacia límites impredecibles en sus consecuencias.

La forma más racional de proteger nuestros recursos pesqueros es adoptando un enfoque precautorio y no incurrir en incentivar mayor consumo, porque que a su vez presiona sobre mayores capturas. Los peces son recursos naturales renovables, solo si se les deja reproducirse adecuadamente cuidando de no reducir sus poblaciones. Esto requiere de regulación basada en información científica.

En tanto no haya información que permita regular la captura de estos recursos, asignándoles no solamente una cuota anual de extracción, sino estableciendo sistemas de control eficaces, no parece que haya otra acción más sensata posible.



Elaborado por:
Marcos Kisner Bueno
Presidente de la Revista Pesca




lunes, 19 de junio de 2017

EL FUNDAMENTO DE LA GESTION PESQUERA EN PERU (2)

El actual modelo, sesgado hacia el mercado y la exportación, presume que las pesquerías solamente son sistemas económicos con todo lo que ello implica en una economía liberal. Minimiza la importancia que la proteína de origen hidrobiológico tiene para el mercado peruano y su contribución a la alimentación nacional.
En diciembre de 2016, la Jefa de Políticas de Programas del Programa Mundial de Alimentos puso de relieve la importancia de formar alianzas con el sector privado para combatir el hambre en el país y vincular la labor social de las empresas con los objetivos y estrategias del Estado. Expresó que es importante cómo el Gobierno ha colocado el enfoque de la lucha contra la anemia y desnutrición crónica infantil en el centro de su agenda, como una prioridad y que es trascendente que lo mantenga así en los próximos cinco años.
En dicho contexto es necesaria mayor presencia de la pesquería peruana en la lucha contra la anemia y la desnutrición. En el escenario actual las fuerzas del mercado no están atendiendo a las necesidades de proteína de una parte importante de la población, por la razón que fuese. Dado que el Estado no puede cumplir su rol subsidiario sin una ley, lo cual resulta complicado en términos prácticos, se impone evaluar mecanismos de intervención que permitan el acceso de esos sectores poblacionales al consumo de productos hidrobiológicos.
Denomino un nuevo modelo de gestión, al marco formado por una doctrina pesquera nacional, en la cual el Estado interviene como regulador y representante de los legítimos propietarios de los recursos naturales que legisle, norme y regule en beneficio del bien común, de las mayorías nacionales.
Debe situarse como objetivo prioritario, la obtención de una producción estable, con el mínimo impacto sobre el medio marino y que tiene como público objetivo principal al ciudadano peruano, en especial al más necesitado de proteína en su dieta.
No se puede subordinar tácita o explícitamente el interés público al interés privado. El concepto de Nación y de Estado implica la subordinación de los intereses privados al interés nacional, dentro de un marco legal constituido.
La función pública es servir a la sociedad peruana, la cual es propietaria de los recursos hidrobiológicos y no a intereses de parte ni extranjeros. Los recursos pesqueros no pueden ni deben estar expuestos, no solo al agotamiento, sino tampoco a una indebida utilización cuando alimentan a otros países, sin atender primero la alimentación nacional. Alimentar al Perú primero y después al mundo, debe ser la orientación de una doctrina pesquera nacional
La ciudadanía, con su indiferencia y desinterés por los temas del mar y de la pesca, se convierte en cómplice silenciosa del agotamiento de los recursos pesqueros, de la contaminación que la industria genera, de una inequitativa participación en la renta que generan sus recursos pesqueros, así como de su escasez en los mercados populares y sus altos precios.
La actividad pesquera no debe causar pérdidas a la sociedad (contaminación, destrucción de ecosistemas, pérdida de recursos) y debe generar ingresos para la administración, que cede la explotación de un recurso público a un sector de la sociedad, a cambio de un pago justo que permita a los ciudadanos participar en la renta de esta actividad.
La lógica del industrial y del empresario es hacer dinero, lo que es correcto y lícito. La lógica del Estado debe ser participar en la renta del negocio para redistribuirla entre los dueños del recurso, que es la materia prima del mismo.
¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuantas carreteras, cuantos desembarcaderos, han surgido gracias a la contribución de la industria pesquera? ¿En cuánto ha contribuido a mejorar la alimentación de los sectores más vulnerables?
Probablemente algo haya surgido si revisamos las inversiones provenientes del canon pesquero, pero ¿en la proporción justa?
Hoy se ve menos pescado que antes en los mercados y cuesta tanto o más que el pollo, con algunas excepciones estacionales. 
La conversión de naturaleza en dinero, ha significado que el sector pesquero encare riesgos y problemas como la sobreexplotación, la sobrecapitalización, la pesca ilegal y la discriminación de mercados que establece incentivos a la exportación y no a la venta interna desde la óptica del ciudadano peruano perjudicado, relegado y subestimado.
La frase “calidad de exportación” debiera ser reemplazada por “calidad Perú”, en clara muestra de que el ciudadano de este país no es menos que el del exterior. Con ambos mercados en igualdad de condiciones, la libre decisión del empresario para atender a uno u otro será éticamente correcta y juzgada en perspectiva por los consumidores.
La atención de las poblaciones que pese a ello no fuesen atendidas por la empresa privada, deberán ser consideradas a través de programas sociales, en función de la focalización y priorización que debe hacerse. Lo que no significa crear empresas públicas, sino atender una demanda social.
Todos estos problemas hacen imperativo ordenar la pesquería, pero no a costa del Estado ni de los ciudadanos. Respetando lo que dice la Constitución Política, que no es discrecional o sujeta a consideraciones o intereses de coyuntura. Es un mandato que no admite ser refutado, salvo que se le cambie por otra carta magna.
He descrito la situación ideal, la que debería ser.
Hasta ahora, pareciera que el futuro de la pesca en el Perú será decidido en los próximos años por la política y la necesidad económica, no por la conveniencia científica ni la necesidad alimentaria de la población nacional.

Marcos Kisner Bueno

jueves, 15 de junio de 2017

EL FUNDAMENTO DE LA GESTION PESQUERA EN PERU (1)

La administración y regulación de las pesquerías es una atribución del Gobierno, sea nacional o regional en función de sus competencias. No es una tarea sencilla. El sector pesquero es complicado, tiene muchas variables y se confrontan muchos intereses así como necesidades particulares, locales y nacionales. Implica muchas disciplinas, no solo la ingeniería pesquera sino también la biología, sociología y economía, entre otras.
Lo que todos los ciudadanos deben conocer es que, antes de entrar en la temática de administración y regulación propiamente dichas, se debe tener muy claro el marco legal macro. El mandato de la Constitución Política es inviolable y debe considerarse antes de promover o promulgar leyes, decretos, resoluciones u ordenanzas. El espíritu de esta norma debe ser estrictamente respetado por cuanto constituye la máxima ley, la ley fundamental y la de mayor jerarquía.  En ella se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, la estructura y organización del Estado y bajo sus lineamientos se aprueban las demás normas que rigen la vida del país.  El cumplimiento de las normas que se encuentran dentro de la Constitución Política es lo que hace posible que una Nación pueda vivir con bienestar y paz, por ello la importancia de que estas normas sean cumplidas por todos: gobernantes y gobernados.
Para efectos de la administración pesquera, particularmente debe tenerse en cuenta los siguientes artículos:
Artículo 39°.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación.
Artículo 51°.-  La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así  sucesivamente
Artículo 54°.-  El territorio del Estado es inalienable e inviolable.  Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.
Artículo 58°.- La iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de mercado.
Artículo 60°.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.
Artículo 66°.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación.  El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La  concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
Artículo 67°.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.  
La normatividad que rige el sistema de administración, regulación y control de la pesca en el país tiene que tener en cuenta, por mandato constitucional, que los recursos pesqueros le pertenecen a toda la Nación y no a un grupo de ciudadanos o empresas por el solo hecho de desarrollar actividad en el sector. El Estado los entrega en concesión, de acuerdo a la normatividad vigente. El usufructo de los mismos se hace bajo condiciones que establece la regulación que se aplique a cada especie, la cual debe encontrar el justo equilibrio entre las necesidades del país y las del sector privado. Esto no es discrecional, es imperativo. La Constitución nos da los recursos naturales  como patrimonio a todos los peruanos. En consecuencia, merecemos participar de la rentabilidad y beneficios que genere su explotación. Es nuestro derecho.
Nadie puede exigir, pedir, solicitar ni reclamar la absoluta libertad de manejo de estos recursos. El Estado está obligado a fijar los parámetros que marquen la forma en la cual serán beneficiados “todos los ciudadanos” a través de la actividad de extracción y procesamiento. Más allá  de su uso sostenible, está el factor del beneficio que genera la actividad pesquera, el cual tiene que alcanzar a todos. Por eso y para ello, el funcionario público está al servicio de la Nación y no solamente del administrado del sector.
Los pescadores artesanales, los empresarios y los trabajadores de la industria no son los propietarios de los recursos pesqueros, sino la Nación. Es obligación del Estado regular las condiciones de las concesiones que otorga, priorizando el interés nacional y no los intereses de parte. El bien común de las mayorías peruanas necesitadas de proteína que puede provenir de la pesca, se antepone a las necesidades e intereses de los administrados.
La libertad de comercio y de mercado empieza después de haber cumplido con satisfacer las necesidades y derechos de la Nación, o sea de todos los ciudadanos. El liberalismo económico, constitucionalmente hablando, no entrega en propiedad los recursos pesqueros a quienes obtienen concesiones para su explotación.
Aparentemente la inadecuada comprensión del mandato constitucional ha generado la errónea  percepción de que existen propietarios de los recursos pesqueros, o que unos tienen más derechos que otros a su explotación. La verdad es que no es así. El único propietario es la Nación, o sea todos los ciudadanos peruanos.
El Estado establece las reglas para su manejo y debe hacerlo ajustándose al mandato constitucional en la forma más eficiente y eficaz posible.

Marcos Kisner Bueno

sábado, 10 de junio de 2017

El mercado peruano de alimentos

Es oportuno que la nueva administración de pesquería enfrente con prioridad el tema del mercado interno. Sobre todo porque como el plan de gobierno no menciona a la pesca, es  necesario que se defina la agenda para este gobierno y se  evalúe si se va a respetar el  Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) vigente o requiere ser modificado.

Desde un enfoque ciudadano, relegar la pesquería al lugar al cual el PESEM actual o ha hecho, es restarle importancia, diluir al sector en un Ministerio donde cada vez la pesca y la acuicultura viene a menos y minimizar la problemática sectorial.

Los intereses económicos deben equilibrarse con los intereses sociales y de alimentación del ciudadano peruano, así como los de mantenimiento del ecosistema.

Los recientes problemas que la prensa nos viene mostrando en relación a productos lácteos que han motivado una gran polémica y atención por los medios, deberían hacernos reflexionar sobre la poca importancia que se le ha dado al mercado interno. La mejor evidencia está en la existencia de un Ministerio de Comercio Exterior y la inexistencia de una autoridad del mismo nivel que se preocupe por el mercado interno. Como también en la infeliz frase “calidad de exportación”, que no hace sino expresar que la calidad de lo que se vende en el país no tiene importancia. Se nos convirtió a los peruanos en ciudadanos de segunda o tercera categoría al priorizar el mercado externo dejando los restos para el mercado interno.

Así como el tema de las leches lo ha puesto en vitrina, por estos días, no debemos dejar de insistir en que el consumo de productos hidrobiológicos, que pueden contribuir a reducir los índices de desnutrición y anemia infantil en el Perú, necesita que se preste más atención a los problemas y necesidades nacionales, o sea, al mercado interno.

En el caso pesquero, las exportaciones tienen incentivos como el drawback y exigentes normas de control de calidad. Para el mercado interno los controles son laxos o inexistentes y carece de incentivos. De tal manera que es más rentable exportar que vender al mercado interno. No hay mucho que pensar para un empresario.

La Revista Pesca ha mantenido y mantiene la opinión de que en el tema pesquero, el aporte al PBI si bien es cierto resulta importante, no es lo único ni lo principal. La actividad de extracción de un recurso natural que es fuente de alimentación, tiene que tener como componente de acción, planeamiento y regulación por parte del Estado, al ciudadano que es el beneficiario final como consumidor de proteína de origen hidrobiológico.

El asunto es ¿cuál debe ser la política de Estado para la atención del mercado interno, en especial para los sectores más necesitados de proteína?


Marcos Kisner Bueno

miércoles, 7 de junio de 2017

GOBIERNO PERUANO SE COMPROMETE ANTE LA ONU A PUBLICAR EN LÍNEA LA INFORMACIÓN SATELITAL DE EMBARCACIONES PESQUERAS

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Héctor Soldi, realizó el anuncio en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre los Océanos.
La información satelital será publicada en la herramienta gratuita Global Fishing Watch.
Oceana y gremios pesqueros aplauden este esfuerzo para promover la transparencia en la pesca.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Héctor Soldi, anunció hoy 7 de junio de 2017 el compromiso del Gobierno Peruano de publicar la información satelital de embarcaciones pesqueras a través de Global Fishing Watch, herramienta en línea de libre acceso que permite seguir la actividad en el mar casi en tiempo real.


El compromiso, anunciado en la Conferencia Mundial sobre Océanos organizada por las Naciones Unidas en Nueva York, es el resultado de la cooperación entre Oceana y el Estado Peruano para incrementar la transparencia de la pesca comercial.

“Este es un importante compromiso para la transparencia en la pesquería, la tecnología de Global Fishing Watch, promovida por Google, la organización no gubernamental Oceana y Skytruth, permitirá el seguimiento de la pesquería para luchar contra la pesca ilegal””, declaró el viceministro en su discurso.

Este acuerdo implica la futura publicación de la información del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT), tecnología del Ministerio de la Producción (PRODUCE) que permite monitorear las naves comerciales, tanto nacionales como extranjeras, para el seguimiento, control y vigilancia.

La integración de esta información a Global Fishing Watch se hará de forma progresiva y permitirá que cualquier ciudadano con acceso a Internet pueda monitorear la actividad pesquera casi en tiempo real, con lo que contribuye a la lucha contra  la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR).

Este anuncio empodera a Perú como uno de los líderes en transparencia en la gestión pesquera a nivel global, ya que solo Indonesia, quien asumió el mismo compromiso en 2015, ha publicado la información de sus flotas comerciales a través globalfishingwatch.org
“Todos los miembros de la sociedad deberían tener acceso a la mejor data disponible para manejar nuestras pesquerías y proteger nuestros recursos marinos. Con la inclusión de la data del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT), Global Fishing Watch ofrecerá un valioso retrato de lo que ocurre en el mar peruano”, remarcó Patricia Majluf, vicepresidenta de Oceana en Perú.

Respaldo del sector

Los gremios del sector pesca felicitaron esta decisión del Gobierno Peruano. Elena Conterno, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, resaltó la importancia de la transparencia en las operaciones pesqueras. "Saludamos y apoyamos esta iniciativa de hacer pública la información satelital para que todos los actores tengan cuidado en sus actividades y la ciudadanía también pueda incidir en la vigilancia y buen comportamiento", apuntó.

Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca de la Sociedad Nacional de Industrias, coincidió en esta felicitación al Gobierno Peruano. “Desde el sector privado vemos con mucha alegría la futura incorporación de la información satelital al Global Fishing Watch. En un mar tan vasto como el peruano es imposible la presencia permanente a lo largo de casi 3,000 km de litoral. Tenemos que incorporar a la tecnología para un verdadero monitoreo y vigilancia”, manifestó.

“La transparencia es esencial en un mundo globalizado. La pesca de anchoveta está en nuestras 200 millas, no hay ningún motivo para no ser transparente. Este compromiso es un avance muy positivo, acorde con los lineamientos de la FAO para la pesca responsable, según el cual todo barco debe contar con identificación y cumplir con las normas de ordenamiento pesquero nacional e internacional”, añadió Humberto Speziani, director de Tecnológica de Alimentos (TASA).


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martes, 6 de junio de 2017

LOS OCÉANOS HAN DICHO BASTA

"Hasta hace muy pocos años, pensábamos en el océano como algo enorme, casi inagotable o imperturbable. Un lugar del que podíamos sacar de todo, y al que podíamos tirar lo que nos sobraba o ensuciaba la tierra firme. Hoy pagamos el precio de nuestra ignorancia".
La oceanógrafa y exploradora estadounidense Sylvia Earle resumía en el primer día de la Conferencia de los Océanos organizada por Naciones Unidas en Nueva York el cambio de mentalidad que ha dado lugar a esta reunión: el océano sufre las consecuencias de la acción humana, y el ser humano ya empieza a sentir los efectos de ese sufrimiento.
Contaminación marina de todo tipo, acidificación y aumento de la temperatura de las aguas, sobreexplotación de los bancos de animales marinos... Esa concepción de los mares como una fuente inagotable de recursos —incluyendo perforaciones y minería submarinas— y cubo de la basura global de la que hablaba Earle empieza a pasar factura. Los peces repletos de plástico y la subida del nivel del mar que ahoga a las zonas costeras son algunos de los problemas más visibles. Hay otros, como el efecto que todo esto tiene sobre el clima y el funcionamiento del planeta, que aún están por describir del todo.
Porque sabemos mucho más sobre los mares que hace unas cuantas décadas, decía Earle. Sabemos que genera oxígeno, almacena carbono, regula la temperatura y el clima y define la química del planeta. Y aunque nos falte mucho por saber sobre el protagonista principal de la vida en la Tierra —menos aún sabemos sobre lo que ocurre en sus profundidades— sí empezamos a ser conscientes de que lo que le pase nos afecta. Y mucho. Que se lo pregunten si no a los habitantes de las pequeñas islas que ven cómo se agota la pesca de la que viven, la porquería ensucia sus playas y espanta el turismo, y el mar les comienza a hogar literalmente.
Quizá por eso, las Naciones Unidas han convocado esta Conferencia de los Océanos, que no lleva número de edición porque nunca se había celebrado antes. "Ya era hora de tener una cumbre sobre la mayor parte de nuestro planeta", ironizaba Earle. Esos pequeños Estados insulares, como Fiji, Tuvalu, Maldivas, Mauricio o Trinidad y Tobago, naciones puramente oceánicas que son los primeros en experimentar los efectos del maltrato al que la acción humana ha sometido a las aguas, son y serán — una vez— los principales protagonistas de la cumbre. "Nosotros no tenemos otra opción que atacar las amenazas a nuestra propia supervivencia", en palabras del jamaicano Al Bingar, secretario general de SIDS Dock, la plataforma internacional que estos países han organizado para actuar conjuntamente contra el cambio climático y su falta de fuentes de energía.
Pero estas islas y archipiélagos no coparán toda la escena de aquí al viernes en otra isla, la de Manhattan, donde el aumento del nivel del mar dobló la media global el siglo pasado. Países muy contaminantes y otros no tanto, flotas pesqueras que cumplen con las medidas contra las capturas ilegales, y otras que no tanto, industrias conserveras y distribuidores que apuestan por la trasparencia y sostenibilidad, y otras que no tanto, agencias internacionales más o menos involucradas, investigadores, expertos... Todos tendrán algo que decir sobre los retos que desbordan los mares.
“El océano no nos necesita. Seguirá ahí en cualquier caso. La cuestión es cómo seguiremos nosotros”Y también sobre las posibles soluciones. Centenares de iniciativas y proyectos de pesca sostenible, de reciclaje de plásticos extraídos del océano, de trazabilidad de los animales marinos que comemos, placas solares que flotan estarán para compartir experiencias y conocimiento. Ideas hay muchas pero, como siempre, falta ponerse a ello.
Cuando acabe esta semana en la sede neoyorquina de las Naciones Unidas, el club donde los países se reúnen para tomar decisiones que afectan a todos, será difícil saber cuánto hay de voluntad real en las toneladas de buenas intenciones y palabras grandilocuentes —"diálogo multilateral", "construcción de resiliencia", "sostenibilidad y buenas prácticas" — que inundarán la cumbre. Tampoco se podrá prever si las conclusiones o compromisos que se adopten podrán hacer aguas en un par de meses, a imagen y semejanza del Acuerdo de París contra el cambio climático.
"Debemos dejar a un lado el beneficio nacional a corto plazo para evitar una catástrofe global a largo", urgía el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
En cualquier caso, Earle advertía de que la humanidad encara "una encrucijada definitiva" para definir cómo quiere vivir en las próximas décadas y siglos. "Porque el océano no nos necesita. Seguirá ahí en cualquier caso. La cuestión es cómo seguiremos nosotros con un océano tan maltratado".
Fuente

domingo, 28 de mayo de 2017

Editorial Revista Pesca junio 2017

El terminal pesquero del distrito de Villa María del Triunfo fue clausurado el 28 de abril pasado por la Municipalidad del distrito debido a varias infracciones. Lo curioso es que al día siguiente fue reabierto, supuestamente por haber subsanado todas las deficiencias, lo cual es, sino sorprendente, por lo menos inesperado.

El hecho actualiza la idea de que las especies hidrobiológicas, que una parte importante de la población ha estado consumiendo en sus casas o restaurantes, no han sido sanitariamente aceptables. También refleja la escasa atención que se le presta en el país al mercado interno. Si bien es cierto se les había notificado a los comerciantes de estas deficiencias, no se actuó con celeridad e interés por ambas partes. Además esta situación debe tener mucho más tiempo de existencia, y probablemente ocurra lo mismo en otros terminales pesqueros del Perú, así como en los mercados. Las normas no expresan con precisión y exactitud cuál es la autoridad competente para supervisar el circuito extracción – consumidor final en cuanto a peces, crustáceos y moluscos. 
Donde hay muchos supervisores, al final no hay ninguno.

Lo censurable es que la atención principal del sector está en las exportaciones y no en el mercado interno. No solamente en cuanto a la provisión adecuada de especies que el país requiere, sino también de las condiciones sanitarias, no solo de los terminales sino de la propia flota y los puntos de desembarque.

Los estímulos que se da a la exportación no pueden ser privilegios que menosprecien al mercado interno (o sea al ciudadano peruano), el cual debe estar en igualdad de condiciones de competir. Hoy el mercado peruano no es tan atractivo ni estimulante para la empresa privada porque existen incentivos solamente para el mercado externo. Lo que hay que entender es que los recursos pesqueros pertenecen a todos los peruanos y no solamente a los directamente involucrados en la pesca, pescadores, procesadores y comercializadores. La autoridad tiene que legislar y normar en beneficio del conjunto de la sociedad y no de grupos que por razones diversas operan directamente con la pesca. La circunstancia de estar en el negocio pesquero no  genera mayores derechos sobre los peces de lo que establece la Constitución. Es lo debido y forma parte del mandato constitucional. El sector se defiende a través de diversos mecanismos; pero la autoridad tiene el deber de defender a todos los ciudadanos.

Es bueno que el Estado estimule las exportaciones; pero también sería bueno que estimule al  mercado interno, entendiéndose como tal no solo a las principales ciudades y a los sectores A y B de la población, sino a todo el país. Tiene que aplicar un criterio de equidad para que de esta forma, en igualdad de condiciones ambos mercados, sea la empresa privada quien elija a quien atender; pero en una situación de justa competencia, no como viene ocurriendo a la fecha que solo la exportación goza de incentivos y privilegios. Si el mercado interno pese a ello resulta insuficientemente atendido, será el Estado quien deberá atender al sector más necesitado a través de programas sociales.

El tema es que el mercado asegura que se atienda la demanda de aquellos segmentos de la población que pueden pagar un determinado precio, pero no garantiza que se atienda a los niveles de población que, necesitando proteína hidrobiológica no pueden pagar sus precios. La atención de esta población es importante y por ello es necesario introducir algún tipo de programa social. El Estado debe cumplir su rol subsidiario. (ver página 52 a la 61 en esta edición).

Por otro lado las funciones del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, recientemente modificadas, incluyen “Promover el diseño y desarrollo de mercados y actividades productivas vinculadas al ámbito pesquero y acuícola, generando una mayor competitividad, inversión e inclusión social”

La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Difunde información obtenida de muchas fuentes, ideas y opiniones que tienen por objeto exponer: la necesidad de hacer sostenible la extracción de los recursos marinos; la urgencia de actuar en beneficio de la seguridad alimentaria nacional; y el cuidado del ambiente.

Los invito cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a JUNIO 2017 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.

En formato revista en el siguiente link:


sábado, 20 de mayo de 2017

El mercado interno peruano de productos pesqueros

El Ministerio de la Producción  realizó cambios en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) a través del Decreto Supremo (DS) 009-2017-Produce, que modifica los artículos 8, 13, 14, 16, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 de su ROF, aprobado en febrero pasado.
La norma incorpora funciones adicionales al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura
En el primer caso, entre sus tareas estará: promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en pesca y acuicultura, considerando las prácticas tradicionales asociadas a la pesca y acuicultura de los pueblos indígenas cuando corresponda.
Además, impulsar programas, proyectos y acciones para fortalecer la cadena productiva en materia pesquera y acuícola; promover el diseño y desarrollo de mercados y actividades productivas vinculadas al ámbito pesquero y acuícola, generando una mayor competitividad, inversión e inclusión social; entre otras.
Resulta interesante la nueva función asignada al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura en relación a promover el diseño y desarrollo de mercados y actividades productivas vinculadas al ámbito pesquero y acuícola, generando una mayor competitividad, inversión e inclusión social.
Esto en la medida que podría sugerir que el Despacho tendrá un sustento para actuar sobre el mercado interno de productos pesqueros, en el actual contexto en el cual solo el mercado externo dispone de incentivos, estímulos y subsidios, creándose un marco de competencia desleal con el mercado nacional.
Los ciudadanos peruanos no disponemos de las mismas ventajas de cantidad y calidad de que disponen los ciudadanos de otros países que reciben nuestros pescados y mariscos con mayores  y mejores controles de calidad y con subsidios.
Por la misma razón no se puede contar con productos como la pota y anchoveta como elementos de reducción de los índices de desnutrición y anemia en el país.
En la edición de Junio de la Revista Pesca se publicarán varias notas al respecto y debe agregarse el hecho de que el país tiene un sesgo exportador importante, al punto de que existe un Ministerio de Comercio Exterior, lo que no es malo en sí mismo. Lo malo es que no existe un Ministerio de Comercio Interior que se encargue de proporcionar al mercado nacional un marco de igualdad de ventajas que las que tiene el mercado externo. Si hubiese igualdad, el empresario privado podría elegir a qué mercado  atender con reglas de juego justas.
Si como resultado de las reglas de mercado y de igualdad de competencia, subsistiese   un sector importante de población sin atención o sin posibilidad de acceso a productos pesqueros por cuestión de pecios o lo que fuese,  entonces el Estado deberá intervenir de la forma que considere más adecuada a fin de combatir la desnutrición y la anemia infantil.

Esto ha sido descuidado en los últimos 6 años, por lo cual la nueva función asignada al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura podría ser una oportunidad para corregir esta situación.

miércoles, 3 de mayo de 2017

LA PERSPECTIVA SOCIAL DEL ORDENAMIENTO PESQUERO DE LA ANCHOVETA PARA EL CHD Y LA POTA


Las noticias de la promulgación de un nuevo Reglamento de Ordenamiento Pesquero para la anchoveta, del otorgamiento de una cuota anual de dicha especie para el CHD y la firma de una Declaración Conjunta para el mejoramiento de la pesca del recurso pota entre la SNI y el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura con el objetivo de asegurar su sostenibilidad, así como la aceptación de la necesidad de hacer mayor investigación sobre este último recurso, son evidentemente positivas desde todo punto de vista, ya que la pota y la anchoveta son quizá las únicas especies con suficiente biomasa como para incentivar su captura y destinarla al Consumo Humano Directo.

Pero no se puede dejar de realizar el siguiente análisis:

Luego de haberse establecido la cuota de pesca industrial de 2.8 millones de toneladas, se ha establecido 300,000 toneladas de anchoveta para consumo humano directo para el año 2017, correspondiente a todo el litoral peruano. Esta última cifra es casi el doble de los desembarques reales promedio de los últimos años cuando no había cuota global, por tanto supone una mejora sobre cifras reales. Resulta entonces que los reclamos sobre esta cifra no parecen tener mucho fundamento y se deben a desconocimiento, por cuanto entre el 2005 y 2016 no se ha superado, en promedio anual,  la cifra de cien mil TMB de desembarque de anchoveta destinada al CHD.

El tema tiene varias aristas, obviamente. La reciente normativa se refiere solamente a la anchoveta para su procesamiento en enlatado, congelado o curado y en el caso de la pota son acuerdos para  realizar investigación.

En esta nota se analiza la arista referida al mercado interno, porque dado que la anchoveta procesada es principalmente destinada a la exportación, las normas recientes son promotoras del consumo de anchoveta en los mercados externos y estimuladoras de la industria exportadora, no del mercado nacional. Nada dice sobre su tratamiento y comercialización en estado fresco, limitando de esta manera la posibilidad de llegar a los mercados en estado natural, fresco, como ocurre con otras especies. Esta omisión dificulta la promoción y aumento del consumo de anchoveta que por otro lado se pretende incrementar.

Vale recordar que con el Decreto Supremo Nº 010-2010-PRODUCE, hace siete años, se aprobó un Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Anchoveta (Engraulis ringens) y Anchoveta Blanca (Anchoa nasus) para Consumo Humano Directo. Por lo que se puede saber, este documento no produjo mayores efectos positivos ni novedosos en el tema, y el asunto quedó severamente complicado cuando se promulgó el DS 005-2012-PRODUCE que introdujo modificaciones al mismo y fue motivo de años de desavenencias entre el Produce y la industria hasta llegar al Tribunal Constitucional. Ahora tenemos un nuevo ROP, pero subsiste la omisión del mercado nacional.

El hecho es que todos los avances sobre la promoción y consumo de anchoveta para el mercado peruano que existieron antes de 2011 se detuvieron, olvidaron o quedaron complicados desde ese año hasta la fecha. Situación derivada, entre otras cosas, de la debilidad sectorial producida por una excesiva rotación de funcionarios que viene acompañada de pérdida de la memoria institucional, que a su vez limita o anula la posibilidad de realizar un adecuado seguimiento de las políticas y normas del sector. Debe agregarse a esta debilidad, la ausencia de Políticas de Estado de largo plazo para el sector Pesca y el hecho irrefutable de que cada nueva administración desconoce y/o ignora casi todo lo actuado en anteriores gestiones y decide implementar una nueva agenda. Todo esto configura una situación de ineficiencia en la gestión sectorial, de la cual la alimentación nacional resulta ser la más afectada.

Se requiere nuevas normas que restituyan las medidas necesarias para continuar desarrollando campañas y programas de alimentación en base a anchoveta para las poblaciones más necesitadas, introduciendo nuevos elementos a las disposiciones dictadas, en especial porque la comercialización de anchoveta para el mercado más necesitado del Perú, no puede ser tratada exclusivamente en términos de rentabilidad económica.

Anemia y desnutrición en el Perú son una realidad que puede ser combatida empleando la anchoveta, pero en un contexto social. Sin embargo, es difícil pensar en destinar este recurso al mercado interno sin apoyo del Estado, por una simple cuestión de precios.

Veamos como ejemplo una embarcación de 30 Toneladas de capacidad de bodega:

Si llegase a su punto de desembarque con bodega llena, a precios de 2016, la industria de harina le pagaría US$260.00 por TMB, o sea US$7,800.00 por una faena de un par de días sin empleo de hielo, o sea con solamente el costo de tripulación, combustible, víveres, etc.

Si la misma embarcación trajese pesca encajada en hielo, su factor de estiba se reduciría a unas 6 a 7 TMB. Supongamos, que por pesca bien preservada en hielo y extraída con chinguillo, o sea sin daño mecánico, le paguen lo mismo, o sea US$260.00. El total daría US$1,820 o sea mucho menos que la destinada a la harina y con el mayor gasto que genera el empleo de hielo.

Para ganar lo mismo, esta embarcación debería vender la tonelada a US$1,114.00 lo que convertiría la anchoveta en demasiado cara para pensar en su comercialización en el mercado interno y aún en el externo. Poco probable que alguna empresa pueda pagar este precio por anchoveta, aunque fuese de excelente calidad.  Es un tema de mercado.

Este es el problema medular del manejo de la anchoveta y lo que hace atractivo pensar en desviar su captura autorizada para CHD, al CHI, distorsionando todo el manejo de esta pesquería.

Esta ecuación tiene que resolverse con fórmulas innovadoras, creativas y tecnológicas e intervención del Estado, no solamente a través de programas sociales,  sino de adecuada supervisión y control.

El mercado no puede resolver el problema. Hay una imposibilidad para acceder a los alimentos hidrobiológicos por parte de amplios sectores de la población que no pueden pagar los precios actuales y que no son objetivo de ventas tampoco. 

La solución no puede ser más exportación porque más exportación subsidiada implica menos atractivo por el mercado nacional y menor acceso a los alimentos de origen hidrobiológico. El empresario privado optará siempre por vender sus productos con mayor valor agregado al mejor precio y al mejor postor. En esa lógica de pensamiento, siempre encontrará en la exportación un mercado dispuesto a pagar caro por alimentos o materia prima para producir alimentos que satisfagan, no necesariamente el hambre, sino exigencias gastronómicas. El ciudadano pobre que solo requiere proteína barata tenderá a ser excluido de esa lógica de mercado.

La visión del Estado debiera ser la de utilizar nuestra producción de recursos hidrobiológicos prioritariamente para nosotros mismos, proteger su renovación y crecimiento aplicando enfoques ecosistémicos y exportando solamente aquellos que excedan a nuestras necesidades, lo cual en el caso de la anchoveta no es un problema dada la abundancia de su biomasa. La situación impone la necesidad de una visión nueva y diferente del contexto general en el que se sitúa actualmente la pesquería. La población alto andina y de ceja de selva del Perú acusa alta desnutrición crónica, niños con bajo nivel de consumo de proteínas y calorías, extrema pobreza, falta de empleo y actividades de subsistencia con baja productividad. Esto requiere de una intervención del Estado.

Se entiende por seguridad alimentaria al acceso material y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos de manera que los puedan utilizar adecuadamente para satisfacer sus necesidades alimenticias y llevar una vida sana, sin correr riesgos indebidos de perder dicho acceso. Esta definición comprende los aspectos de disponibilidad, inocuidad, utilización, acceso y estabilidad.

Los principales problemas de inseguridad alimentaria que presenta el Perú no se dan por el lado de la disponibilidad y estabilidad general en el suministro de alimentos, sino más bien por el lado del acceso, de manera específica por el lado de los niveles de ingreso de la población, así como por la distribución y oferta adecuada de alimentos hidrobiológicos. 

En este sentido, la seguridad alimentaria en el Perú está estrechamente vinculada a la distribución de sus recursos. Es debatible, desde este punto de vista, el modelo que sostiene defiende y privilegia la exportación de dichos recursos relegando al mercado nacional. No se trata de dejar de exportar o que esta actividad sea mala o indebida, sino de darle al mercado interno las mismas ventajas competitivas. El Estado tiene que intervenir en el caso de poblaciones vulnerables, con programas sociales que por su naturaleza deben ser subsidiados. No puede subsidiar única y exclusivamente a la exportación.

El Estado no está interviniendo nada más que dando el marco regulatorio dirigido a cumplir metas de control biológico y de protección, así como de promoción de exportaciones. Las medidas comúnmente aplicadas son: las vedas, las cuotas, limitaciones al tamaño mínimo, control de artes y sistemas de pesca, etc. El objetivo actual del ordenamiento es la preservación de las especies más explotadas, restringiendo la presión sobre su biomasa en etapas críticas. La regulación pesquera vigente no considera aspectos de inclusión social ni de alimentación nacional. Adicionalmente el Estado viene promoviendo la exportación, lo cual no sería criticable en la medida que hiciese lo propio con el mercado nacional estableciendo reglas de juego parejas para ambos mercados.
Hay algunos detalles que no se están tomando en cuenta y que deberían ser considerados para llegar a optimizar estas pesquerías desde el punto de vista del justo equilibrio de beneficios entre el empresario, el pescador, el Estado y el ciudadano peruano:

1.     La pota viene siendo capturada exclusivamente por la flota artesanal, por lo cual de acuerdo a las normas vigentes, no paga derechos de pesca. Dado que la mayor parte es adquirida por las plantas procesadoras para ser exportada, se convierte en un recurso hidrobiológico gratuito y subvencionado para el mercado extranjero. No parece ser una situación de justicia para el propietario del recurso, que es el ciudadano peruano, porque además el consumo interno no tiene ningún incentivo. En todo caso, la venta dentro del mercado nacional podría ser la única que admitiría ser exonerada del pago de derechos de pesca. Pero ¿por qué actualmente solamente se privilegia e incentiva la exportación?

2.     Las normas recientes que regulan el uso de la anchoveta para el CHD omiten completamente su manipulación y comercialización en estado fresco para el mercado nacional. Si es capturada por la flota artesanal, su exoneración de derechos de pesca genera una situación similar a la situación que ocurre con la pota descrita en el párrafo anterior. No considerar con mayor énfasis y precisión las posibilidades de comercialización en el mercado interno limita el interés por innovar y aplicar nuevas tecnologías por parte de micro empresas interesadas en el mercado interno. Tampoco existe incentivo alguno para atender los mercados del interior del país.

3.     No existen programas sociales que utilicen estas dos especies para contribuir a resolver los problemas de la desnutrición y anemia infantil particularmente.

4.     Los mercados del interior, las poblaciones vulnerables y las de menores recursos no serán atendidas por la empresa privada en la medida que no solamente no hay incentivos ni programas sociales, sino que no serían rentables económicamente.

5.     Las poblaciones vulnerables no ofrecen rentabilidad económica; pero sí rentabilidad social. Es por eso que su atención requiere de tratamientos especiales, de alianzas entre el Estado y la empresa privada, así como la estimulación para la creación de micro empresas orientadas a atender a estos mercados.


Marcos Kisner Bueno

domingo, 30 de abril de 2017

Editorial Revista Pesca mayo 2017

En las últimas semanas se ha observado reclamos de algunos sindicatos de empresas pesqueras por la falta de pago de utilidades correspondiente al ejercicio 2016. Se quejan de que la empresa no ha hecho el reparto de utilidades. Si la empresa está declarando pérdidas, no hay manera de que reparta utilidades que no ha obtenido, lo que puede desagradar o ser discutible, pero es un hecho.

El punto es que ello implica que no ha habido pago de impuesto a la renta tampoco, porque este se aplica a las utilidades. No hay utilidad, por tanto no hay impuesto a la renta.

Estas empresas pesqueras solamente habrían aportado al Estado lo correspondiente a derechos de pesca que, como se ha explicado ampliamente, no es mucho.

Cabe cuestionar que más allá de que la empresa, por las razones que fuese haya incurrido en pérdidas, el hecho es que ha habido un esfuerzo de extracción de especies hidrobiológicas y que eso ha causado un impacto en el ecosistema. En esta etapa del negocio veamos hechos reales y medibles, no los números todavía.

La extracción es independiente de la eficiencia empresarial que conduce a un resultado con ganancias o pérdidas. Por tanto, esas especies extraídas deberían tener un precio más allá de los resultados financieros. De lo contrario se convierten en materia prima gratis, sin costo alguno.

No apreciarlo así significa que la Nación pierde recursos naturales sin recibir la adecuada compensación.

Otra cara de la moneda, a la luz de toda la corrupción destapada en los últimos tiempos, es que ante el mal uso de los dineros recaudados a través de impuestos, es de alguna manera lógico pensar en dejar de pagarlos, evadirlos, o pagar lo menos posible. Eso dependerá de las autoridades competentes y de su capacidad para convencer a la población tributante, de que no ocurrirá más corrupción. Posible o no, es una tarea pendiente si se quiere incrementar la recaudación.

El tema a debatir es que todos quienes usan recursos naturales para hacer negocios deben pagar un justiprecio por la extracción de los mismos, independientemente de que tengan resultados buenos, malos o pobres. Pero que también es necesario hacer los ajustes que inspiren confianza al contribuyente en el sentido de que sus impuestos no serán saqueados, mal utilizados, o robados por funcionarios corruptos.

Los ciudadanos del país deben ser adecuadamente compensados por el uso de sus recursos naturales hidrobiológicos y también protegidos contra el robo de sus impuestos, los cuales deben y tienen que ser adecuada, eficiente y honestamente empleados.

La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Difunde información obtenida de muchas fuentes, ideas y opiniones que tienen por objeto exponer: la necesidad de hacer sostenible la extracción de los recursos marinos; la urgencia de actuar en beneficio de la seguridad alimentaria nacional; y el cuidado del ambiente.

Los invito cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a MAYO 2017 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.

En formato revista en el siguiente link:
https://www.yumpu.com/es/document/view/58279833/revista-pesca-mayo-2017

miércoles, 26 de abril de 2017

La anchoveta para consumo humano directo

LA RM 186-2017-PRODUCE establece que los establecimientos industriales pesqueros con licencias de funcionamiento para consumo humano directo, bajo responsabilidad, sólo deben recibir los volúmenes del recurso anchoveta a ser destinados exclusivamente para la elaboración de conservas, congelados, curados y otros productos para consumo humano directo que les fuere autorizados, en función a la capacidad instalada y al requerimiento de materia prima que demande su programa de producción, asegurando su adecuada conservación en las pozas de recepción y de almacenamiento.

Por otro establece, por primera vez en el Perú,  en el marco del régimen de abastecimiento permanente a la industria de consumo humano directo, una cuota de captura de trescientas mil (300 000) toneladas del recurso anchoveta para el año 2017, correspondiente a todo el litoral, que comprende a la Zona Norte – Centro y a la Zona Sur, conforme a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Anchoveta para Consumo Humano Directo aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2017-PRODUCE, los mismos que se destinarán exclusivamente para consumo humano directo.

El desembarque histórico de anchoveta para CHD muestra la estadística siguiente, que sugiere que la cuota asignada parece ser concordante con la misma, ya que antes de la actual normativa, sin  limitante alguna, los desembarques nunca superaron las cien mil toneladas en promedio:

Desembarques totales de anchoveta entre 2005 y 2016
Para enlatado:708,496 TMB
Para congelado:101,932 TMB
Para curado: 135,312 TMB
Para consumo fresco:20

Total: 945,760TMB
Promedio Anual: 78,813 TMB



Esta resolución complementa al Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Anchoveta para Consumo Humano Directo dispuesto con el DECRETO SUPREMO Nº 005-2017-PRODUCE.

Sin embargo se refiere solamente a la anchoveta para su procesamiento en enlatado, congelado o curado.

No es la primera norma que pretende ordenar en algo la extracción y manejo de la anchoveta para CHD, pero continua persistiendo el olvido de la posibilidad de su comercialización en estado fresco, perjudicando cualquier posibilidad o intento de incrementar el consumo de pescado con la única especie, además de la pota, que puede hacerlo sin poner en riesgo a su biomasa.

Si alguien desea comercializar anchoveta fresca, como se hace con otras especies, al amparo de este marco normativo ¿puede hacerlo o no? Si una embarcación llega a su punto de desembarque con anchoveta bien preservada en cajas con hielo y desea transportarla al mercado para su venta al público, o para darle una transformación artesanal para preservarla y facilitar su comercialización en territorio nacional, no puede hacerlo porque no la norma no lo permite, ¿o bien puede hacerlo porque la norma no lo prohíbe, al igual que cualquier otra especie?

Esta omisión impide la promoción y aumento del consumo de anchoveta, mientras que por otro lado el Estado pretende incrementar el consumo nacional de pescado a través del programa “A Comer Pescado”

No estando prohibido, debería poder hacerse; pero hubiese sido preferible y más estimulante, que la normatividad contemple este caso y no sea tan sesgada hacia la promoción de las exportaciones descuidando al mercado interno, al consumidor nacional. Queda de esta manera a discreción del inspector o autoridad competente, emitir un juicio sobre un pescador que desembarque anchoveta encajada en hielo para transportarla al interior del país.

Dado que la anchoveta procesada es principalmente destinada a la exportación, las normas recientes son promotoras del consumo de anchoveta en los mercados externos y estimuladoras de la industria exportadora, sin considerar al mercado interno.

Es necesario algún mecanismo que incentive y estimule el procesamiento de la anchoveta en presentaciones y envases apropiados para atender al mercado peruano, en especial a los sectores económicos de menores ingresos y mayores necesidades de proteína.

Marcos Kisner