La debida gestión pesquera

El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas. Paul Greenberg

REVISTA PESCA

La Revista Pesca es un medio de información alternativo que presenta artículos, opiniones y noticias referidas a la pesca en el Perú y el mundo, con énfasis en la política pesquera, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la seguridad alimentaria. En este blog se publican notas de importancia, así como novedades del sector pesquero.

En 2023 cumplimos 64 años de publicación en el Perú.

Las ediciones a partir del 2010 se publican en formato digital (PDF) en la siguiente página web: http://www.issuu.com/revistapesca/docs


Merecemos una gestión de la pesca con visión de país y compromiso con el ciudadano.

Los peces del Perú, primero para los peruanos


domingo, 28 de mayo de 2017

Editorial Revista Pesca junio 2017

El terminal pesquero del distrito de Villa María del Triunfo fue clausurado el 28 de abril pasado por la Municipalidad del distrito debido a varias infracciones. Lo curioso es que al día siguiente fue reabierto, supuestamente por haber subsanado todas las deficiencias, lo cual es, sino sorprendente, por lo menos inesperado.

El hecho actualiza la idea de que las especies hidrobiológicas, que una parte importante de la población ha estado consumiendo en sus casas o restaurantes, no han sido sanitariamente aceptables. También refleja la escasa atención que se le presta en el país al mercado interno. Si bien es cierto se les había notificado a los comerciantes de estas deficiencias, no se actuó con celeridad e interés por ambas partes. Además esta situación debe tener mucho más tiempo de existencia, y probablemente ocurra lo mismo en otros terminales pesqueros del Perú, así como en los mercados. Las normas no expresan con precisión y exactitud cuál es la autoridad competente para supervisar el circuito extracción – consumidor final en cuanto a peces, crustáceos y moluscos. 
Donde hay muchos supervisores, al final no hay ninguno.

Lo censurable es que la atención principal del sector está en las exportaciones y no en el mercado interno. No solamente en cuanto a la provisión adecuada de especies que el país requiere, sino también de las condiciones sanitarias, no solo de los terminales sino de la propia flota y los puntos de desembarque.

Los estímulos que se da a la exportación no pueden ser privilegios que menosprecien al mercado interno (o sea al ciudadano peruano), el cual debe estar en igualdad de condiciones de competir. Hoy el mercado peruano no es tan atractivo ni estimulante para la empresa privada porque existen incentivos solamente para el mercado externo. Lo que hay que entender es que los recursos pesqueros pertenecen a todos los peruanos y no solamente a los directamente involucrados en la pesca, pescadores, procesadores y comercializadores. La autoridad tiene que legislar y normar en beneficio del conjunto de la sociedad y no de grupos que por razones diversas operan directamente con la pesca. La circunstancia de estar en el negocio pesquero no  genera mayores derechos sobre los peces de lo que establece la Constitución. Es lo debido y forma parte del mandato constitucional. El sector se defiende a través de diversos mecanismos; pero la autoridad tiene el deber de defender a todos los ciudadanos.

Es bueno que el Estado estimule las exportaciones; pero también sería bueno que estimule al  mercado interno, entendiéndose como tal no solo a las principales ciudades y a los sectores A y B de la población, sino a todo el país. Tiene que aplicar un criterio de equidad para que de esta forma, en igualdad de condiciones ambos mercados, sea la empresa privada quien elija a quien atender; pero en una situación de justa competencia, no como viene ocurriendo a la fecha que solo la exportación goza de incentivos y privilegios. Si el mercado interno pese a ello resulta insuficientemente atendido, será el Estado quien deberá atender al sector más necesitado a través de programas sociales.

El tema es que el mercado asegura que se atienda la demanda de aquellos segmentos de la población que pueden pagar un determinado precio, pero no garantiza que se atienda a los niveles de población que, necesitando proteína hidrobiológica no pueden pagar sus precios. La atención de esta población es importante y por ello es necesario introducir algún tipo de programa social. El Estado debe cumplir su rol subsidiario. (ver página 52 a la 61 en esta edición).

Por otro lado las funciones del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, recientemente modificadas, incluyen “Promover el diseño y desarrollo de mercados y actividades productivas vinculadas al ámbito pesquero y acuícola, generando una mayor competitividad, inversión e inclusión social”

La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Difunde información obtenida de muchas fuentes, ideas y opiniones que tienen por objeto exponer: la necesidad de hacer sostenible la extracción de los recursos marinos; la urgencia de actuar en beneficio de la seguridad alimentaria nacional; y el cuidado del ambiente.

Los invito cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a JUNIO 2017 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.

En formato revista en el siguiente link:


sábado, 20 de mayo de 2017

El mercado interno peruano de productos pesqueros

El Ministerio de la Producción  realizó cambios en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) a través del Decreto Supremo (DS) 009-2017-Produce, que modifica los artículos 8, 13, 14, 16, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 de su ROF, aprobado en febrero pasado.
La norma incorpora funciones adicionales al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura
En el primer caso, entre sus tareas estará: promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en pesca y acuicultura, considerando las prácticas tradicionales asociadas a la pesca y acuicultura de los pueblos indígenas cuando corresponda.
Además, impulsar programas, proyectos y acciones para fortalecer la cadena productiva en materia pesquera y acuícola; promover el diseño y desarrollo de mercados y actividades productivas vinculadas al ámbito pesquero y acuícola, generando una mayor competitividad, inversión e inclusión social; entre otras.
Resulta interesante la nueva función asignada al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura en relación a promover el diseño y desarrollo de mercados y actividades productivas vinculadas al ámbito pesquero y acuícola, generando una mayor competitividad, inversión e inclusión social.
Esto en la medida que podría sugerir que el Despacho tendrá un sustento para actuar sobre el mercado interno de productos pesqueros, en el actual contexto en el cual solo el mercado externo dispone de incentivos, estímulos y subsidios, creándose un marco de competencia desleal con el mercado nacional.
Los ciudadanos peruanos no disponemos de las mismas ventajas de cantidad y calidad de que disponen los ciudadanos de otros países que reciben nuestros pescados y mariscos con mayores  y mejores controles de calidad y con subsidios.
Por la misma razón no se puede contar con productos como la pota y anchoveta como elementos de reducción de los índices de desnutrición y anemia en el país.
En la edición de Junio de la Revista Pesca se publicarán varias notas al respecto y debe agregarse el hecho de que el país tiene un sesgo exportador importante, al punto de que existe un Ministerio de Comercio Exterior, lo que no es malo en sí mismo. Lo malo es que no existe un Ministerio de Comercio Interior que se encargue de proporcionar al mercado nacional un marco de igualdad de ventajas que las que tiene el mercado externo. Si hubiese igualdad, el empresario privado podría elegir a qué mercado  atender con reglas de juego justas.
Si como resultado de las reglas de mercado y de igualdad de competencia, subsistiese   un sector importante de población sin atención o sin posibilidad de acceso a productos pesqueros por cuestión de pecios o lo que fuese,  entonces el Estado deberá intervenir de la forma que considere más adecuada a fin de combatir la desnutrición y la anemia infantil.

Esto ha sido descuidado en los últimos 6 años, por lo cual la nueva función asignada al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura podría ser una oportunidad para corregir esta situación.

miércoles, 3 de mayo de 2017

LA PERSPECTIVA SOCIAL DEL ORDENAMIENTO PESQUERO DE LA ANCHOVETA PARA EL CHD Y LA POTA


Las noticias de la promulgación de un nuevo Reglamento de Ordenamiento Pesquero para la anchoveta, del otorgamiento de una cuota anual de dicha especie para el CHD y la firma de una Declaración Conjunta para el mejoramiento de la pesca del recurso pota entre la SNI y el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura con el objetivo de asegurar su sostenibilidad, así como la aceptación de la necesidad de hacer mayor investigación sobre este último recurso, son evidentemente positivas desde todo punto de vista, ya que la pota y la anchoveta son quizá las únicas especies con suficiente biomasa como para incentivar su captura y destinarla al Consumo Humano Directo.

Pero no se puede dejar de realizar el siguiente análisis:

Luego de haberse establecido la cuota de pesca industrial de 2.8 millones de toneladas, se ha establecido 300,000 toneladas de anchoveta para consumo humano directo para el año 2017, correspondiente a todo el litoral peruano. Esta última cifra es casi el doble de los desembarques reales promedio de los últimos años cuando no había cuota global, por tanto supone una mejora sobre cifras reales. Resulta entonces que los reclamos sobre esta cifra no parecen tener mucho fundamento y se deben a desconocimiento, por cuanto entre el 2005 y 2016 no se ha superado, en promedio anual,  la cifra de cien mil TMB de desembarque de anchoveta destinada al CHD.

El tema tiene varias aristas, obviamente. La reciente normativa se refiere solamente a la anchoveta para su procesamiento en enlatado, congelado o curado y en el caso de la pota son acuerdos para  realizar investigación.

En esta nota se analiza la arista referida al mercado interno, porque dado que la anchoveta procesada es principalmente destinada a la exportación, las normas recientes son promotoras del consumo de anchoveta en los mercados externos y estimuladoras de la industria exportadora, no del mercado nacional. Nada dice sobre su tratamiento y comercialización en estado fresco, limitando de esta manera la posibilidad de llegar a los mercados en estado natural, fresco, como ocurre con otras especies. Esta omisión dificulta la promoción y aumento del consumo de anchoveta que por otro lado se pretende incrementar.

Vale recordar que con el Decreto Supremo Nº 010-2010-PRODUCE, hace siete años, se aprobó un Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Anchoveta (Engraulis ringens) y Anchoveta Blanca (Anchoa nasus) para Consumo Humano Directo. Por lo que se puede saber, este documento no produjo mayores efectos positivos ni novedosos en el tema, y el asunto quedó severamente complicado cuando se promulgó el DS 005-2012-PRODUCE que introdujo modificaciones al mismo y fue motivo de años de desavenencias entre el Produce y la industria hasta llegar al Tribunal Constitucional. Ahora tenemos un nuevo ROP, pero subsiste la omisión del mercado nacional.

El hecho es que todos los avances sobre la promoción y consumo de anchoveta para el mercado peruano que existieron antes de 2011 se detuvieron, olvidaron o quedaron complicados desde ese año hasta la fecha. Situación derivada, entre otras cosas, de la debilidad sectorial producida por una excesiva rotación de funcionarios que viene acompañada de pérdida de la memoria institucional, que a su vez limita o anula la posibilidad de realizar un adecuado seguimiento de las políticas y normas del sector. Debe agregarse a esta debilidad, la ausencia de Políticas de Estado de largo plazo para el sector Pesca y el hecho irrefutable de que cada nueva administración desconoce y/o ignora casi todo lo actuado en anteriores gestiones y decide implementar una nueva agenda. Todo esto configura una situación de ineficiencia en la gestión sectorial, de la cual la alimentación nacional resulta ser la más afectada.

Se requiere nuevas normas que restituyan las medidas necesarias para continuar desarrollando campañas y programas de alimentación en base a anchoveta para las poblaciones más necesitadas, introduciendo nuevos elementos a las disposiciones dictadas, en especial porque la comercialización de anchoveta para el mercado más necesitado del Perú, no puede ser tratada exclusivamente en términos de rentabilidad económica.

Anemia y desnutrición en el Perú son una realidad que puede ser combatida empleando la anchoveta, pero en un contexto social. Sin embargo, es difícil pensar en destinar este recurso al mercado interno sin apoyo del Estado, por una simple cuestión de precios.

Veamos como ejemplo una embarcación de 30 Toneladas de capacidad de bodega:

Si llegase a su punto de desembarque con bodega llena, a precios de 2016, la industria de harina le pagaría US$260.00 por TMB, o sea US$7,800.00 por una faena de un par de días sin empleo de hielo, o sea con solamente el costo de tripulación, combustible, víveres, etc.

Si la misma embarcación trajese pesca encajada en hielo, su factor de estiba se reduciría a unas 6 a 7 TMB. Supongamos, que por pesca bien preservada en hielo y extraída con chinguillo, o sea sin daño mecánico, le paguen lo mismo, o sea US$260.00. El total daría US$1,820 o sea mucho menos que la destinada a la harina y con el mayor gasto que genera el empleo de hielo.

Para ganar lo mismo, esta embarcación debería vender la tonelada a US$1,114.00 lo que convertiría la anchoveta en demasiado cara para pensar en su comercialización en el mercado interno y aún en el externo. Poco probable que alguna empresa pueda pagar este precio por anchoveta, aunque fuese de excelente calidad.  Es un tema de mercado.

Este es el problema medular del manejo de la anchoveta y lo que hace atractivo pensar en desviar su captura autorizada para CHD, al CHI, distorsionando todo el manejo de esta pesquería.

Esta ecuación tiene que resolverse con fórmulas innovadoras, creativas y tecnológicas e intervención del Estado, no solamente a través de programas sociales,  sino de adecuada supervisión y control.

El mercado no puede resolver el problema. Hay una imposibilidad para acceder a los alimentos hidrobiológicos por parte de amplios sectores de la población que no pueden pagar los precios actuales y que no son objetivo de ventas tampoco. 

La solución no puede ser más exportación porque más exportación subsidiada implica menos atractivo por el mercado nacional y menor acceso a los alimentos de origen hidrobiológico. El empresario privado optará siempre por vender sus productos con mayor valor agregado al mejor precio y al mejor postor. En esa lógica de pensamiento, siempre encontrará en la exportación un mercado dispuesto a pagar caro por alimentos o materia prima para producir alimentos que satisfagan, no necesariamente el hambre, sino exigencias gastronómicas. El ciudadano pobre que solo requiere proteína barata tenderá a ser excluido de esa lógica de mercado.

La visión del Estado debiera ser la de utilizar nuestra producción de recursos hidrobiológicos prioritariamente para nosotros mismos, proteger su renovación y crecimiento aplicando enfoques ecosistémicos y exportando solamente aquellos que excedan a nuestras necesidades, lo cual en el caso de la anchoveta no es un problema dada la abundancia de su biomasa. La situación impone la necesidad de una visión nueva y diferente del contexto general en el que se sitúa actualmente la pesquería. La población alto andina y de ceja de selva del Perú acusa alta desnutrición crónica, niños con bajo nivel de consumo de proteínas y calorías, extrema pobreza, falta de empleo y actividades de subsistencia con baja productividad. Esto requiere de una intervención del Estado.

Se entiende por seguridad alimentaria al acceso material y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos de manera que los puedan utilizar adecuadamente para satisfacer sus necesidades alimenticias y llevar una vida sana, sin correr riesgos indebidos de perder dicho acceso. Esta definición comprende los aspectos de disponibilidad, inocuidad, utilización, acceso y estabilidad.

Los principales problemas de inseguridad alimentaria que presenta el Perú no se dan por el lado de la disponibilidad y estabilidad general en el suministro de alimentos, sino más bien por el lado del acceso, de manera específica por el lado de los niveles de ingreso de la población, así como por la distribución y oferta adecuada de alimentos hidrobiológicos. 

En este sentido, la seguridad alimentaria en el Perú está estrechamente vinculada a la distribución de sus recursos. Es debatible, desde este punto de vista, el modelo que sostiene defiende y privilegia la exportación de dichos recursos relegando al mercado nacional. No se trata de dejar de exportar o que esta actividad sea mala o indebida, sino de darle al mercado interno las mismas ventajas competitivas. El Estado tiene que intervenir en el caso de poblaciones vulnerables, con programas sociales que por su naturaleza deben ser subsidiados. No puede subsidiar única y exclusivamente a la exportación.

El Estado no está interviniendo nada más que dando el marco regulatorio dirigido a cumplir metas de control biológico y de protección, así como de promoción de exportaciones. Las medidas comúnmente aplicadas son: las vedas, las cuotas, limitaciones al tamaño mínimo, control de artes y sistemas de pesca, etc. El objetivo actual del ordenamiento es la preservación de las especies más explotadas, restringiendo la presión sobre su biomasa en etapas críticas. La regulación pesquera vigente no considera aspectos de inclusión social ni de alimentación nacional. Adicionalmente el Estado viene promoviendo la exportación, lo cual no sería criticable en la medida que hiciese lo propio con el mercado nacional estableciendo reglas de juego parejas para ambos mercados.
Hay algunos detalles que no se están tomando en cuenta y que deberían ser considerados para llegar a optimizar estas pesquerías desde el punto de vista del justo equilibrio de beneficios entre el empresario, el pescador, el Estado y el ciudadano peruano:

1.     La pota viene siendo capturada exclusivamente por la flota artesanal, por lo cual de acuerdo a las normas vigentes, no paga derechos de pesca. Dado que la mayor parte es adquirida por las plantas procesadoras para ser exportada, se convierte en un recurso hidrobiológico gratuito y subvencionado para el mercado extranjero. No parece ser una situación de justicia para el propietario del recurso, que es el ciudadano peruano, porque además el consumo interno no tiene ningún incentivo. En todo caso, la venta dentro del mercado nacional podría ser la única que admitiría ser exonerada del pago de derechos de pesca. Pero ¿por qué actualmente solamente se privilegia e incentiva la exportación?

2.     Las normas recientes que regulan el uso de la anchoveta para el CHD omiten completamente su manipulación y comercialización en estado fresco para el mercado nacional. Si es capturada por la flota artesanal, su exoneración de derechos de pesca genera una situación similar a la situación que ocurre con la pota descrita en el párrafo anterior. No considerar con mayor énfasis y precisión las posibilidades de comercialización en el mercado interno limita el interés por innovar y aplicar nuevas tecnologías por parte de micro empresas interesadas en el mercado interno. Tampoco existe incentivo alguno para atender los mercados del interior del país.

3.     No existen programas sociales que utilicen estas dos especies para contribuir a resolver los problemas de la desnutrición y anemia infantil particularmente.

4.     Los mercados del interior, las poblaciones vulnerables y las de menores recursos no serán atendidas por la empresa privada en la medida que no solamente no hay incentivos ni programas sociales, sino que no serían rentables económicamente.

5.     Las poblaciones vulnerables no ofrecen rentabilidad económica; pero sí rentabilidad social. Es por eso que su atención requiere de tratamientos especiales, de alianzas entre el Estado y la empresa privada, así como la estimulación para la creación de micro empresas orientadas a atender a estos mercados.


Marcos Kisner Bueno