REVISTA PESCA

La Revista Pesca es un medio de información alternativo que presenta artículos, opiniones y noticias referidas a la pesca en el Perú y el mundo, con énfasis en la política pesquera, la conservación del ambiente y la seguridad alimentaria.
En 2017 cumplimos 57 años de publicación contínua en el Perú.

Las ediciones a partir del 2010 se publican en formato digital (PDF) en la siguiente página web: http://www.issuu.com/revistapesca/docs

Correo electrónico: revistapesca@outlook.com

jueves, 22 de junio de 2017

LA GESTION DE LA PESCA EN PERU

La gestión comprende el marco jurídico e institucional que debe garantizar que la pesca desempeñe la función que el Estado considera adecuada y que satisfaga las necesidades de las mayorías. La gestión debe establecer también las normas que garanticen eficiencia dentro del sector, inocuidad de sus productos, un acceso equitativo a los recursos, protección del ambiente y provisión de proteína de origen hidrobiológico al consumir peruano. La obligación de la autoridad es velar por la preservación del ecosistema, la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y el bienestar de las mayorías nacionales. 

La asignación de determinados derechos de acceso, de límites máximos de captura o de cuotas individuales de pesca no necesariamente resuelve toda la problemática pesquera. Aborda parte de la actividad extractiva. Es un paso, mas no lo es todo.

La administración de la actividad pesquera debe conciliar los intereses de muchas partes.  Supone también reconocer que la eficiencia y la aplicabilidad de las medidas de ordenación dependen en gran medida del apoyo conseguido entre las partes interesadas. Porque la intervención de la autoridad sobre la actividad pesquera, generalmente crea resistencia por parte de los administrados, en especial cuando consideran que se les perjudica. Esta resistencia puede tomar como argumento central la defensa del derecho de propiedad; pero en el supuesto mal entendido de que los recursos pesqueros pueden ser concedidos por el Estado a un tercero en calidad de propiedad. Las cuotas individuales de pesca no constituyen la asignación de un derecho de propiedad.

Las diferencias que pudiesen presentarse entre los administrados y la autoridad de pesquería en relación al volumen de extracción de una pesquería, deben ser resueltas  por el organismo científico en forma técnica y no politizada.

La pesca tiene que estar sujeta a regulación por parte del gobierno con el objeto de impedir la sobreexplotación de los recursos pesqueros, porque se puede generar una sobrepesca. Al no existir derechos de propiedad sobre los peces, los pescadores tratarán de pescar lo máximo posible, ya que lo que ellos no pescan será pescado por un competidor, sin preocuparse de la sostenibilidad del recurso. Ello puede conducir a que el recurso se agote ya que se podría pescar más allá del límite biológico necesario para mantener el recurso disponible en el futuro, generándose un costo social si las futuras generaciones del país podrían no tener acceso a algunas pesquerías debido a su agotamiento. La existencia de ese riesgo justifica la regulación estatal para impedir la sobreexplotación. Pero ni la regulación ni un sistema de cuotas actúan sobre el mercado ni las necesidades alimentarias de la población, hasta ahora.

Artículo 66º de la Constitución Política. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
Artículo 73º de la Constitución Política. Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico.

En base a dicho marco constitucional, la Ley 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales,  fija la extensión del dominio del Estado y, el modo de acceso:

 Artículo 4.- Los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean éstos renovables o no renovables, son Patrimonio de la Nación. Los frutos y productos de los recursos naturales, obtenidos en la forma establecida en la presente Ley, son del dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos.
Artículo 19.- Los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso natural. En cualquiera de los casos, el Estado conserva el dominio sobre estos, así como sobre los frutos y productos en tanto ellos no hayan sido concedidos por algún titulo a los particulares.
Artículo 21.- La Ley especial dictada para el aprovechamiento sostenible de cada recurso natural precisa las condiciones, términos, criterios y plazos para el otorgamiento de los derechos, incluyendo los mecanismos de retribución económica al Estado por su otorgamiento, el mantenimiento del derecho de vigencia, las condiciones para su inscripción en el registro correspondiente, así como su posibilidad de cesión entre particulares.
Artículo 23.- La concesión, aprobada por las leyes especiales, otorga al concesionario el derecho para el aprovechamiento sostenible del recurso natural concedido, en las condiciones y con las limitaciones que establezca el título respectivo

Es imposible disimular el hecho que los desembarques de las especies más populares destinadas al consumo humano nacional, objetivo principal de los pescadores artesanales, están en niveles bajísimos debido a la reducción de las respectivas biomasas. Sin embargo esto último es una deducción de lo que se observa, puesto que se desconoce la existencia de informes científicos que muestren el estado de salud de esas poblaciones de peces.

Las especies como la cojinova, corvina, lenguado, congrio, mero, chita, etc. escasean, aumenta el costo de la faena, sube el precio al consumidor y consecuentemente baja o desaparece la rentabilidad del esfuerzo pesquero (y la del pescador).

Tampoco se puede ocultar que el número de personas que pescan ha aumentado y que éstas están cada vez mejor equipadas a nivel de flota y de aparejos tecnificados. A ello se le define como aumento o crecimiento del esfuerzo pesquero.

Sucede que la biomasa de las diversas especies objetivo siguen el camino inverso, éstas se reducen y por tanto son insuficientes para satisfacer las expectativas y necesidades de todos los partícipes de la pesquería. Pescar debe ser considerado un privilegio. El privilegio de unos pocos que se obliguen a sacar la cantidad justa que garantice la sostenibilidad de las especies al menor costo, en beneficio de la alimentación nacional.  El recurso pesquero no aumenta en función de la demanda. Las normas deben volverse regulatorias, limitativas y exclusivistas. (Aún cuando aquello parezca impopular). 

LA PROBLEMATICA

Es válido otorgar permisos de extracción de recursos pesqueros a empresas privadas, industriales o artesanales, que tendrán el privilegio de ser los únicos con derecho a extraerlos, lo que si bien es cierto les permitirá lucrar y generar utilidades, también es justo que deberán compartir la bonanza del negocio con todos los peruanos, ya estos últimos son los dueños de dichos recursos.

Para alcanzar esta justa participación, considerando que el impuesto a la renta de tercera categoría no es suficiente para garantizar esta participación, es prudente evaluar un nuevo procedimiento de pago sobre la extracción pesquera, de tal forma que el sector pesquero pague un precio justo por la utilización con fines de lucro de un recurso natural.

La tributación de renta de tercera categoría no es la mejor forma de hacer partícipe a la Nación por cuanto se aplica sobre las utilidades, cuando el impacto que genera la extracción sobre el ecosistema marino es de naturaleza independiente de los niveles de eficiencia empresarial que conducen a un resultado financiero que puede ser más o menos aceptable; pero que  no genera una participación adecuada para el Estado.

La política pesquera debe disponer, en forma equilibrada, de objetivos biológicos, económicos y sociales.

El Estado  puede asignar un derecho de acceso a una persona, empresa, o a una embarcación. Normalmente, la asignación de derechos de acceso a personas o empresas, si se asocia con la transferibilidad, redunda en una mayor eficiencia económica. Por ello se han asignado cuotas individuales de pesca para algunos recursos hidrobiológicos. En otros casos, los mismos son de libre acceso.

Cuando se dispone de información científica sobre la población objetivo de extracción, cabe estimar el volumen adecuado de las capturas para conseguir sostenibilidad. Por lo general, el control de las capturas supone establecer la captura total permisible, que se distribuye en cuotas individuales entre los administrados. El efecto de una pesquería sobre otras debe ser tenido en cuenta en la determinación de la cuota global, dentro de un enfoque ecosistémico.

El control de la extracción mediante el establecimiento de una cuota anual o la limitación del esfuerzo total a través de vedas, permite proteger los recursos; pero no contempla la necesidad alimentaria del país. El acceso libre tampoco contempla la necesidad alimentaria del país.

La Constitución Política del Perú en el caso de los recursos naturales, que incluye a los pesqueros, implica la imposibilidad jurídica de que se adquiera algún tipo de propiedad sobre los mismos.

El derecho a pescar se adquiere mediante norma expresa dictada para el efecto en  las condiciones, términos, criterios y plazos que se estipulen. Es el deber del Estado garantizar el acceso a dichos recursos en condiciones equitativas, no discriminatorias y que aseguren la conservación a largo plazo de los mismos.

Es necesario organizar los asuntos pesqueros a través de una Política de Estado, no sólo con la equidad social como criterio fundamental, sino también con la atención puesta en la necesidad de hacer la pesca sostenible e inclusiva para la población peruana que debe ser priorizada en cuanto a sus necesidades alimentarias. Esto requiere un equilibrio entre las consideraciones biológicas, económicas y sociales a través de procesos políticos y normativos que incluyan el establecimiento de condiciones de competitividad equilibradas y justas entre el mercado externo y el mercado nacional.

La Autoridad de Pesquería no es competente para normar en cuanto a exoneraciones o incentivos tributarios o en materia de mercado; pero puede y debería articular con las entidades apropiadas la evaluación de la competencia desleal que significa para el mercado peruano la existencia de privilegios a la exportación, con el objeto de buscar fórmulas y normas que pongan a ambos mercados en igualdad de condiciones, en especial para resolver urgencias de seguridad alimentaria.

Hasta ahora, el mercado externo dispone de privilegios y subsidios que no se conceden al mercado peruano, haciéndolo menos atractivo para el empresario e incumpliendo un deber del Estado como es la atención a las mayorías nacionales, en especial a los sectores más necesitados de proteína y que acusan un alto índice de desnutrición y anemia.

El inconsciente colectivo atribuye a los recursos marinos, no solo el carácter de renovable, sino además, la cualidad de inagotable. Ha elegido aceptar el mito, en obstinada ignorancia de los hechos, creyendo que los recursos pesqueros son infinitos e inagotables y forzando la extracción hacia límites impredecibles en sus consecuencias.

La forma más racional de proteger nuestros recursos pesqueros es adoptando un enfoque precautorio y no incurrir en incentivar mayor consumo, porque que a su vez presiona sobre mayores capturas. Los peces son recursos naturales renovables, solo si se les deja reproducirse adecuadamente cuidando de no reducir sus poblaciones. Esto requiere de regulación basada en información científica.

En tanto no haya información que permita regular la captura de estos recursos, asignándoles no solamente una cuota anual de extracción, sino estableciendo sistemas de control eficaces, no parece que haya otra acción más sensata posible.



Elaborado por:
Marcos Kisner Bueno
Presidente de la Revista Pesca




lunes, 19 de junio de 2017

EL FUNDAMENTO DE LA GESTION PESQUERA EN PERU (2)

El actual modelo, sesgado hacia el mercado y la exportación, presume que las pesquerías solamente son sistemas económicos con todo lo que ello implica en una economía liberal. Minimiza la importancia que la proteína de origen hidrobiológico tiene para el mercado peruano y su contribución a la alimentación nacional.
En diciembre de 2016, la Jefa de Políticas de Programas del Programa Mundial de Alimentos puso de relieve la importancia de formar alianzas con el sector privado para combatir el hambre en el país y vincular la labor social de las empresas con los objetivos y estrategias del Estado. Expresó que es importante cómo el Gobierno ha colocado el enfoque de la lucha contra la anemia y desnutrición crónica infantil en el centro de su agenda, como una prioridad y que es trascendente que lo mantenga así en los próximos cinco años.
En dicho contexto es necesaria mayor presencia de la pesquería peruana en la lucha contra la anemia y la desnutrición. En el escenario actual las fuerzas del mercado no están atendiendo a las necesidades de proteína de una parte importante de la población, por la razón que fuese. Dado que el Estado no puede cumplir su rol subsidiario sin una ley, lo cual resulta complicado en términos prácticos, se impone evaluar mecanismos de intervención que permitan el acceso de esos sectores poblacionales al consumo de productos hidrobiológicos.
Denomino un nuevo modelo de gestión, al marco formado por una doctrina pesquera nacional, en la cual el Estado interviene como regulador y representante de los legítimos propietarios de los recursos naturales que legisle, norme y regule en beneficio del bien común, de las mayorías nacionales.
Debe situarse como objetivo prioritario, la obtención de una producción estable, con el mínimo impacto sobre el medio marino y que tiene como público objetivo principal al ciudadano peruano, en especial al más necesitado de proteína en su dieta.
No se puede subordinar tácita o explícitamente el interés público al interés privado. El concepto de Nación y de Estado implica la subordinación de los intereses privados al interés nacional, dentro de un marco legal constituido.
La función pública es servir a la sociedad peruana, la cual es propietaria de los recursos hidrobiológicos y no a intereses de parte ni extranjeros. Los recursos pesqueros no pueden ni deben estar expuestos, no solo al agotamiento, sino tampoco a una indebida utilización cuando alimentan a otros países, sin atender primero la alimentación nacional. Alimentar al Perú primero y después al mundo, debe ser la orientación de una doctrina pesquera nacional
La ciudadanía, con su indiferencia y desinterés por los temas del mar y de la pesca, se convierte en cómplice silenciosa del agotamiento de los recursos pesqueros, de la contaminación que la industria genera, de una inequitativa participación en la renta que generan sus recursos pesqueros, así como de su escasez en los mercados populares y sus altos precios.
La actividad pesquera no debe causar pérdidas a la sociedad (contaminación, destrucción de ecosistemas, pérdida de recursos) y debe generar ingresos para la administración, que cede la explotación de un recurso público a un sector de la sociedad, a cambio de un pago justo que permita a los ciudadanos participar en la renta de esta actividad.
La lógica del industrial y del empresario es hacer dinero, lo que es correcto y lícito. La lógica del Estado debe ser participar en la renta del negocio para redistribuirla entre los dueños del recurso, que es la materia prima del mismo.
¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuantas carreteras, cuantos desembarcaderos, han surgido gracias a la contribución de la industria pesquera? ¿En cuánto ha contribuido a mejorar la alimentación de los sectores más vulnerables?
Probablemente algo haya surgido si revisamos las inversiones provenientes del canon pesquero, pero ¿en la proporción justa?
Hoy se ve menos pescado que antes en los mercados y cuesta tanto o más que el pollo, con algunas excepciones estacionales. 
La conversión de naturaleza en dinero, ha significado que el sector pesquero encare riesgos y problemas como la sobreexplotación, la sobrecapitalización, la pesca ilegal y la discriminación de mercados que establece incentivos a la exportación y no a la venta interna desde la óptica del ciudadano peruano perjudicado, relegado y subestimado.
La frase “calidad de exportación” debiera ser reemplazada por “calidad Perú”, en clara muestra de que el ciudadano de este país no es menos que el del exterior. Con ambos mercados en igualdad de condiciones, la libre decisión del empresario para atender a uno u otro será éticamente correcta y juzgada en perspectiva por los consumidores.
La atención de las poblaciones que pese a ello no fuesen atendidas por la empresa privada, deberán ser consideradas a través de programas sociales, en función de la focalización y priorización que debe hacerse. Lo que no significa crear empresas públicas, sino atender una demanda social.
Todos estos problemas hacen imperativo ordenar la pesquería, pero no a costa del Estado ni de los ciudadanos. Respetando lo que dice la Constitución Política, que no es discrecional o sujeta a consideraciones o intereses de coyuntura. Es un mandato que no admite ser refutado, salvo que se le cambie por otra carta magna.
He descrito la situación ideal, la que debería ser.
Hasta ahora, pareciera que el futuro de la pesca en el Perú será decidido en los próximos años por la política y la necesidad económica, no por la conveniencia científica ni la necesidad alimentaria de la población nacional.

Marcos Kisner Bueno

jueves, 15 de junio de 2017

EL FUNDAMENTO DE LA GESTION PESQUERA EN PERU (1)

La administración y regulación de las pesquerías es una atribución del Gobierno, sea nacional o regional en función de sus competencias. No es una tarea sencilla. El sector pesquero es complicado, tiene muchas variables y se confrontan muchos intereses así como necesidades particulares, locales y nacionales. Implica muchas disciplinas, no solo la ingeniería pesquera sino también la biología, sociología y economía, entre otras.
Lo que todos los ciudadanos deben conocer es que, antes de entrar en la temática de administración y regulación propiamente dichas, se debe tener muy claro el marco legal macro. El mandato de la Constitución Política es inviolable y debe considerarse antes de promover o promulgar leyes, decretos, resoluciones u ordenanzas. El espíritu de esta norma debe ser estrictamente respetado por cuanto constituye la máxima ley, la ley fundamental y la de mayor jerarquía.  En ella se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, la estructura y organización del Estado y bajo sus lineamientos se aprueban las demás normas que rigen la vida del país.  El cumplimiento de las normas que se encuentran dentro de la Constitución Política es lo que hace posible que una Nación pueda vivir con bienestar y paz, por ello la importancia de que estas normas sean cumplidas por todos: gobernantes y gobernados.
Para efectos de la administración pesquera, particularmente debe tenerse en cuenta los siguientes artículos:
Artículo 39°.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación.
Artículo 51°.-  La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así  sucesivamente
Artículo 54°.-  El territorio del Estado es inalienable e inviolable.  Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.
Artículo 58°.- La iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de mercado.
Artículo 60°.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.
Artículo 66°.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación.  El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La  concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
Artículo 67°.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.  
La normatividad que rige el sistema de administración, regulación y control de la pesca en el país tiene que tener en cuenta, por mandato constitucional, que los recursos pesqueros le pertenecen a toda la Nación y no a un grupo de ciudadanos o empresas por el solo hecho de desarrollar actividad en el sector. El Estado los entrega en concesión, de acuerdo a la normatividad vigente. El usufructo de los mismos se hace bajo condiciones que establece la regulación que se aplique a cada especie, la cual debe encontrar el justo equilibrio entre las necesidades del país y las del sector privado. Esto no es discrecional, es imperativo. La Constitución nos da los recursos naturales  como patrimonio a todos los peruanos. En consecuencia, merecemos participar de la rentabilidad y beneficios que genere su explotación. Es nuestro derecho.
Nadie puede exigir, pedir, solicitar ni reclamar la absoluta libertad de manejo de estos recursos. El Estado está obligado a fijar los parámetros que marquen la forma en la cual serán beneficiados “todos los ciudadanos” a través de la actividad de extracción y procesamiento. Más allá  de su uso sostenible, está el factor del beneficio que genera la actividad pesquera, el cual tiene que alcanzar a todos. Por eso y para ello, el funcionario público está al servicio de la Nación y no solamente del administrado del sector.
Los pescadores artesanales, los empresarios y los trabajadores de la industria no son los propietarios de los recursos pesqueros, sino la Nación. Es obligación del Estado regular las condiciones de las concesiones que otorga, priorizando el interés nacional y no los intereses de parte. El bien común de las mayorías peruanas necesitadas de proteína que puede provenir de la pesca, se antepone a las necesidades e intereses de los administrados.
La libertad de comercio y de mercado empieza después de haber cumplido con satisfacer las necesidades y derechos de la Nación, o sea de todos los ciudadanos. El liberalismo económico, constitucionalmente hablando, no entrega en propiedad los recursos pesqueros a quienes obtienen concesiones para su explotación.
Aparentemente la inadecuada comprensión del mandato constitucional ha generado la errónea  percepción de que existen propietarios de los recursos pesqueros, o que unos tienen más derechos que otros a su explotación. La verdad es que no es así. El único propietario es la Nación, o sea todos los ciudadanos peruanos.
El Estado establece las reglas para su manejo y debe hacerlo ajustándose al mandato constitucional en la forma más eficiente y eficaz posible.

Marcos Kisner Bueno

sábado, 10 de junio de 2017

El mercado peruano de alimentos

Es oportuno que la nueva administración de pesquería enfrente con prioridad el tema del mercado interno. Sobre todo porque como el plan de gobierno no menciona a la pesca, es  necesario que se defina la agenda para este gobierno y se  evalúe si se va a respetar el  Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) vigente o requiere ser modificado.

Desde un enfoque ciudadano, relegar la pesquería al lugar al cual el PESEM actual o ha hecho, es restarle importancia, diluir al sector en un Ministerio donde cada vez la pesca y la acuicultura viene a menos y minimizar la problemática sectorial.

Los intereses económicos deben equilibrarse con los intereses sociales y de alimentación del ciudadano peruano, así como los de mantenimiento del ecosistema.

Los recientes problemas que la prensa nos viene mostrando en relación a productos lácteos que han motivado una gran polémica y atención por los medios, deberían hacernos reflexionar sobre la poca importancia que se le ha dado al mercado interno. La mejor evidencia está en la existencia de un Ministerio de Comercio Exterior y la inexistencia de una autoridad del mismo nivel que se preocupe por el mercado interno. Como también en la infeliz frase “calidad de exportación”, que no hace sino expresar que la calidad de lo que se vende en el país no tiene importancia. Se nos convirtió a los peruanos en ciudadanos de segunda o tercera categoría al priorizar el mercado externo dejando los restos para el mercado interno.

Así como el tema de las leches lo ha puesto en vitrina, por estos días, no debemos dejar de insistir en que el consumo de productos hidrobiológicos, que pueden contribuir a reducir los índices de desnutrición y anemia infantil en el Perú, necesita que se preste más atención a los problemas y necesidades nacionales, o sea, al mercado interno.

En el caso pesquero, las exportaciones tienen incentivos como el drawback y exigentes normas de control de calidad. Para el mercado interno los controles son laxos o inexistentes y carece de incentivos. De tal manera que es más rentable exportar que vender al mercado interno. No hay mucho que pensar para un empresario.

La Revista Pesca ha mantenido y mantiene la opinión de que en el tema pesquero, el aporte al PBI si bien es cierto resulta importante, no es lo único ni lo principal. La actividad de extracción de un recurso natural que es fuente de alimentación, tiene que tener como componente de acción, planeamiento y regulación por parte del Estado, al ciudadano que es el beneficiario final como consumidor de proteína de origen hidrobiológico.

El asunto es ¿cuál debe ser la política de Estado para la atención del mercado interno, en especial para los sectores más necesitados de proteína?


Marcos Kisner Bueno

miércoles, 7 de junio de 2017

GOBIERNO PERUANO SE COMPROMETE ANTE LA ONU A PUBLICAR EN LÍNEA LA INFORMACIÓN SATELITAL DE EMBARCACIONES PESQUERAS

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Héctor Soldi, realizó el anuncio en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre los Océanos.
La información satelital será publicada en la herramienta gratuita Global Fishing Watch.
Oceana y gremios pesqueros aplauden este esfuerzo para promover la transparencia en la pesca.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Héctor Soldi, anunció hoy 7 de junio de 2017 el compromiso del Gobierno Peruano de publicar la información satelital de embarcaciones pesqueras a través de Global Fishing Watch, herramienta en línea de libre acceso que permite seguir la actividad en el mar casi en tiempo real.


El compromiso, anunciado en la Conferencia Mundial sobre Océanos organizada por las Naciones Unidas en Nueva York, es el resultado de la cooperación entre Oceana y el Estado Peruano para incrementar la transparencia de la pesca comercial.

“Este es un importante compromiso para la transparencia en la pesquería, la tecnología de Global Fishing Watch, promovida por Google, la organización no gubernamental Oceana y Skytruth, permitirá el seguimiento de la pesquería para luchar contra la pesca ilegal””, declaró el viceministro en su discurso.

Este acuerdo implica la futura publicación de la información del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT), tecnología del Ministerio de la Producción (PRODUCE) que permite monitorear las naves comerciales, tanto nacionales como extranjeras, para el seguimiento, control y vigilancia.

La integración de esta información a Global Fishing Watch se hará de forma progresiva y permitirá que cualquier ciudadano con acceso a Internet pueda monitorear la actividad pesquera casi en tiempo real, con lo que contribuye a la lucha contra  la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR).

Este anuncio empodera a Perú como uno de los líderes en transparencia en la gestión pesquera a nivel global, ya que solo Indonesia, quien asumió el mismo compromiso en 2015, ha publicado la información de sus flotas comerciales a través globalfishingwatch.org
“Todos los miembros de la sociedad deberían tener acceso a la mejor data disponible para manejar nuestras pesquerías y proteger nuestros recursos marinos. Con la inclusión de la data del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT), Global Fishing Watch ofrecerá un valioso retrato de lo que ocurre en el mar peruano”, remarcó Patricia Majluf, vicepresidenta de Oceana en Perú.

Respaldo del sector

Los gremios del sector pesca felicitaron esta decisión del Gobierno Peruano. Elena Conterno, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, resaltó la importancia de la transparencia en las operaciones pesqueras. "Saludamos y apoyamos esta iniciativa de hacer pública la información satelital para que todos los actores tengan cuidado en sus actividades y la ciudadanía también pueda incidir en la vigilancia y buen comportamiento", apuntó.

Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca de la Sociedad Nacional de Industrias, coincidió en esta felicitación al Gobierno Peruano. “Desde el sector privado vemos con mucha alegría la futura incorporación de la información satelital al Global Fishing Watch. En un mar tan vasto como el peruano es imposible la presencia permanente a lo largo de casi 3,000 km de litoral. Tenemos que incorporar a la tecnología para un verdadero monitoreo y vigilancia”, manifestó.

“La transparencia es esencial en un mundo globalizado. La pesca de anchoveta está en nuestras 200 millas, no hay ningún motivo para no ser transparente. Este compromiso es un avance muy positivo, acorde con los lineamientos de la FAO para la pesca responsable, según el cual todo barco debe contar con identificación y cumplir con las normas de ordenamiento pesquero nacional e internacional”, añadió Humberto Speziani, director de Tecnológica de Alimentos (TASA).


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martes, 6 de junio de 2017

LOS OCÉANOS HAN DICHO BASTA

"Hasta hace muy pocos años, pensábamos en el océano como algo enorme, casi inagotable o imperturbable. Un lugar del que podíamos sacar de todo, y al que podíamos tirar lo que nos sobraba o ensuciaba la tierra firme. Hoy pagamos el precio de nuestra ignorancia".
La oceanógrafa y exploradora estadounidense Sylvia Earle resumía en el primer día de la Conferencia de los Océanos organizada por Naciones Unidas en Nueva York el cambio de mentalidad que ha dado lugar a esta reunión: el océano sufre las consecuencias de la acción humana, y el ser humano ya empieza a sentir los efectos de ese sufrimiento.
Contaminación marina de todo tipo, acidificación y aumento de la temperatura de las aguas, sobreexplotación de los bancos de animales marinos... Esa concepción de los mares como una fuente inagotable de recursos —incluyendo perforaciones y minería submarinas— y cubo de la basura global de la que hablaba Earle empieza a pasar factura. Los peces repletos de plástico y la subida del nivel del mar que ahoga a las zonas costeras son algunos de los problemas más visibles. Hay otros, como el efecto que todo esto tiene sobre el clima y el funcionamiento del planeta, que aún están por describir del todo.
Porque sabemos mucho más sobre los mares que hace unas cuantas décadas, decía Earle. Sabemos que genera oxígeno, almacena carbono, regula la temperatura y el clima y define la química del planeta. Y aunque nos falte mucho por saber sobre el protagonista principal de la vida en la Tierra —menos aún sabemos sobre lo que ocurre en sus profundidades— sí empezamos a ser conscientes de que lo que le pase nos afecta. Y mucho. Que se lo pregunten si no a los habitantes de las pequeñas islas que ven cómo se agota la pesca de la que viven, la porquería ensucia sus playas y espanta el turismo, y el mar les comienza a hogar literalmente.
Quizá por eso, las Naciones Unidas han convocado esta Conferencia de los Océanos, que no lleva número de edición porque nunca se había celebrado antes. "Ya era hora de tener una cumbre sobre la mayor parte de nuestro planeta", ironizaba Earle. Esos pequeños Estados insulares, como Fiji, Tuvalu, Maldivas, Mauricio o Trinidad y Tobago, naciones puramente oceánicas que son los primeros en experimentar los efectos del maltrato al que la acción humana ha sometido a las aguas, son y serán — una vez— los principales protagonistas de la cumbre. "Nosotros no tenemos otra opción que atacar las amenazas a nuestra propia supervivencia", en palabras del jamaicano Al Bingar, secretario general de SIDS Dock, la plataforma internacional que estos países han organizado para actuar conjuntamente contra el cambio climático y su falta de fuentes de energía.
Pero estas islas y archipiélagos no coparán toda la escena de aquí al viernes en otra isla, la de Manhattan, donde el aumento del nivel del mar dobló la media global el siglo pasado. Países muy contaminantes y otros no tanto, flotas pesqueras que cumplen con las medidas contra las capturas ilegales, y otras que no tanto, industrias conserveras y distribuidores que apuestan por la trasparencia y sostenibilidad, y otras que no tanto, agencias internacionales más o menos involucradas, investigadores, expertos... Todos tendrán algo que decir sobre los retos que desbordan los mares.
“El océano no nos necesita. Seguirá ahí en cualquier caso. La cuestión es cómo seguiremos nosotros”Y también sobre las posibles soluciones. Centenares de iniciativas y proyectos de pesca sostenible, de reciclaje de plásticos extraídos del océano, de trazabilidad de los animales marinos que comemos, placas solares que flotan estarán para compartir experiencias y conocimiento. Ideas hay muchas pero, como siempre, falta ponerse a ello.
Cuando acabe esta semana en la sede neoyorquina de las Naciones Unidas, el club donde los países se reúnen para tomar decisiones que afectan a todos, será difícil saber cuánto hay de voluntad real en las toneladas de buenas intenciones y palabras grandilocuentes —"diálogo multilateral", "construcción de resiliencia", "sostenibilidad y buenas prácticas" — que inundarán la cumbre. Tampoco se podrá prever si las conclusiones o compromisos que se adopten podrán hacer aguas en un par de meses, a imagen y semejanza del Acuerdo de París contra el cambio climático.
"Debemos dejar a un lado el beneficio nacional a corto plazo para evitar una catástrofe global a largo", urgía el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
En cualquier caso, Earle advertía de que la humanidad encara "una encrucijada definitiva" para definir cómo quiere vivir en las próximas décadas y siglos. "Porque el océano no nos necesita. Seguirá ahí en cualquier caso. La cuestión es cómo seguiremos nosotros con un océano tan maltratado".
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