La debida gestión pesquera

El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas. Paul Greenberg

REVISTA PESCA

La Revista Pesca es un medio de información alternativo que presenta artículos, opiniones y noticias referidas a la pesca en el Perú y el mundo, con énfasis en la política pesquera, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la seguridad alimentaria. En este blog se publican notas de importancia, así como novedades del sector pesquero.

En 2023 cumplimos 64 años de publicación en el Perú.

Las ediciones a partir del 2010 se publican en formato digital (PDF) en la siguiente página web: http://www.issuu.com/revistapesca/docs


Merecemos una gestión de la pesca con visión de país y compromiso con el ciudadano.

Los peces del Perú, primero para los peruanos


lunes, 10 de julio de 2017

¿A dónde va la pesca en el Perú?

La pesquería está conceptuada como factor de crecimiento del PBI vía exportación, negándonos a aceptar que primero debe ser fuente de alimentación nacional. Se requiere privilegiar la alimentación de la población nacional por encima de todo. Se necesita colocar el interés nacional por encima de los intereses de parte. Lo que no significa que exportar sea malo o indebido, sino que el mercado nacional merece igualdad de condiciones, ya que a la fecha está en desventaja con el mercado externo que, en el caso de los productos de consumo humano directo, recibe subsidios e incentivos mientras que el peruano no tiene ningún estímulo.
Existe preocupación por los problemas asociados a la sostenibilidad, al incremento de las capturas en relación a las capacidades de renovación y sostenimiento de los recursos, al impacto sobre el ecosistema, a la alimentación nacional y a los costos medioambientales vinculados con una explotación que puede volverse más intensiva.

Ello requiere de una adecuada preservación de los recursos pesqueros, del ecosistema  y del ambiente, de tal forma que se garanticen alimentos para toda la población del país en forma prioritaria. De allí la necesidad de establecer, por parte del Estado, la  regulación y más aún, su participación concreta como actor económico en un área en la que se trabaja con activos cuya propiedad es de todos los ciudadanos del país.
El índice de desnutrición de nuestro país nos obliga a utilizar los recursos hidrobiológicos para que nos proporcionen alimentos. Estos recursos, además de representar un insumo importante para la alimentación, que reduzca la desnutrición y la anemia infantil, constituyen una reserva estratégica que en el mediano plazo pueden colocar al Perú en una posición ventajosa en términos de abastecedor mundial de alimentos.
Se ha aceptado como definición de desarrollo sostenible aquel progreso que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Por tanto, tiene que haber límites al crecimiento debido al agotamiento de recursos hidrobiológicos, lo que se evidencia en especial en los capturados por la pesca artesanal, que cada vez tiene mayores dificultades en encontrar cardúmenes que antes se hallaban más fácilmente a su alcance y que cada vez se aprecian en menores tallas y volúmenes. 

En la actividad extractiva, medio en el cual nadie puede controlar efectivamente el cumplimiento de las normas, la mejor garantía de su cumplimiento es que los actores del sector asuman conciencia de que detrás de la regulación hay una necesidad. En consecuencia, la educación y el cambio o introducción de un modelo educativo para el sector se torna cada vez más un imperativo y una urgencia.
La educación para el sector pesquero debe ir más allá del mero entrenamiento técnico para los pescadores y tripulaciones. Debe ampliar su radio de acción a todos los trabajadores de la industria pesquera en tierra, a todas las comunidades de pescadores marítimos y continentales y difundir información a las poblaciones costeras y aledañas a ríos y lagos. Debe trascender lo tradicional y educar en temas de protección al ambiente y a las poblaciones ícticas, debe incursionar en temas que tengan por objeto crear conciencia sobre la necesidad y responsabilidad compartida de proteger los ecosistemas y el futuro de los peces como elemento clave para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, base de un educación imprescindible para alcanzar un alto nivel de desarrollo. Debe estimular la creación de micro empresas formales que abastezcan al mercado nacional.
Si aspiramos a la soberanía y seguridad alimentarias se necesita una pesquería que produzca, en primer lugar, alimentos variados, sanos y accesibles para la población peruana y, en segundo lugar, para las oportunidades del mercado exterior.

La defensa del bien común impone el diseño de políticas públicas que protejan los recursos pesqueros para las generaciones futuras y que le den a la sociedad una adecuada participación. El marco normativo debe imponer reglas y normas regulatorias que hagan posible el usufructo racional de los recursos, no sólo en términos de su agotamiento y contaminación, sino de una participación justa de la renta que generan los recursos en toda la cadena de producción para beneficio del país en investigación, control y proyectos sociales alimentarios.

La protección de nuestros recursos solo pueden materializarse a partir de la existencia de un poder político que establezca planes de largo plazo y optimice el funcionamiento del aparato estatal.

Las decisiones políticas, en un sistema democrático, se sustentan en el derecho que concede el pueblo con su voto, a las autoridades elegidas para administrar el país. El poder político real de todo Estado, es la resultante de la aplicación de políticas de Estado que son ejecutadas por la administración de turno.

Existen iniciativas privadas para el desarrollo pesquero, pero que no dejan de ser aisladas y con objetivos empresariales, como corresponde. Es la naturaleza legítima de la empresa privada.

Lo que no se ve es un diseño del Estado para la actividad pesquera que marque los objetivos estratégicos para el futuro de la pesquería en el Perú, visualizando no solamente la sostenibilidad de los recursos, sino el bienestar de las mayorías nacionales. No existe, en forma visible por lo menos, una definición de la visión de la pesquería en el largo plazo. Más allá de lo que manda la Ley General de Pesca, ya obsoleta por cierto, no hay nada de planeamiento a futuro. Si analizamos el Plan Estratégico Sectorial Multianual vigente, podremos comprender mejor como a la pesca y acuicultura no se les da el tratamiento que corresponde.

Más allá de las acciones de gestión propiamente dicha, de los fundamentos en los cuales debiera basarse y de la situación económica que impone acciones puntuales marcadas por la coyuntura del momento, ¿Hacia donde se dirige la pesquería peruana? ¿Cuál es la agenda del gobierno? ¿Cada administración impondrá su propia agenda a falta de una Política de Estado? ¿Es eso lo mejor para el Perú? ¿Qué es lo que queremos para nuestra pesca en el futuro?
No existen objetivos estratégicos a alcanzar, ni políticas para lograrlo, como tampoco indicadores para evaluarlos en el corto, mediano y largo plazo.


Marcos Kisner Bueno
Presidente de la Revista Pesca